De acuerdo con la entidad, este fenómeno se aceleró desde que en 2021 entró en vigor la nueva ley migratoria, en la cual se restringe el acceso a visas consulares y permisos para trabajar en este país.
En particular esa legislación, promulgada durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, prohíbe el cambio de estatus a quienes entraron como turistas y aspiran a permanecer en Chile y obtener un empleo.
La casi totalidad de cruces sin la documentación requerida ocurren en el norte del país, donde están las líneas fronterizas con Bolivia y Perú.
Hace unos meses la administración de Gabriel Boric militarizó esa región para contener las oleadas migratorias, pero el efecto fue mínimo.
Una de las alternativas para quienes están aquí sin documentos es presentar una autodenuncia en la policía, con la esperanza de que se les permita iniciar los trámites para legalizarse.
La Policía de Investigaciones informó que en el transcurso de 2023 se realizaron 187 deportaciones por ingreso clandestino o tener antecedentes penales en el país de origen.
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