Un comunicado de la Cancillería llamó “informe panfletario” el documento, al cual consideró parte de la estrategia que se pretende continuar contra la República Bolivariana para “mancillar su imagen y legitimar la imposición de criminales e ilegales medidas coercitivas unilaterales”.
Esta vez, manifestó, del uso selectivo, instrumentalizado, falso y manipulado de la situación de los derechos humanos en el país sudamericano.
El pseudo informe presentado sigue la misma suerte de los anteriores: sin sustento metodológico ni conocimiento de la realidad del país, subrayó.
Remarcó que el mismo pretende seguir atacando a las instituciones venezolanas como parte de la política criminal e injerencista de «cambio de régimen» que impulsa el gobierno de Estados Unidos, con la complicidad de sus gobiernos satélites en el mundo.
La nota indicó que esta vergonzosa Misión es “un esperpento del nefasto y extinto Grupo de Lima”, y sus miembros son mercenarios tarifados para mentir sobre un tema tan sagrado como los derechos humanos.
Explicó que los autores del informe no dedican una línea de su escrito, ni un minuto de su show mediático, para explicar cómo despilfarran, sin auditoría alguna, los recursos del sistema internacional, elaborando pasquines repletos de falsos positivos.
“En vez de construir mentiras, deberían rendir cuentas públicas que dejen en evidencia su vergonzoso proceder”, aseveró.
La República Bolivariana reiteró su absoluto rechazo y desconocimiento a este tipo de “mecanismos paralelos, innecesarios y agresivos” que, a través de sus pronunciamientos, violentan la Carta de Naciones Unidas.
Alientan también, dijo, a los sectores nacionales e internacionales más extremistas a reincidir en la violación masiva de los derechos humanos de los venezolanos y en la desestabilización del país.
El texto ratificó la condición de Venezuela de Estado democrático y social, de Derecho y de Justicia, y aseguró que “seguirá asumiendo la promoción, respeto y protección de los derechos humanos” como un valor superior de su ordenamiento jurídico y de la actuación de sus instituciones.
Todo ello, expresó, en plena consonancia con sus compromisos internacionales en esta materia.
Reiteró que continuará cooperando con el Consejo de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado sobre la base del estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos, respeto al multilateralismo y diálogo constructivo.
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