Un resello en el plano legislativo consiste en que el parlamento pueda aprobar proyectos a pesar del veto presidencial.
Legisladores del Partido Liberal Progresista, Partido Unidad Social Cristiana, Partido Liberación Nacional y Nueva República se unieron para conseguir imponerse al veto parcial.
De esta forma lograron el respaldo mínimo que la ley les exigía para ignorarlo y conseguir que el jefe de Estado firme la ley que reformará la manera en que se cobran las rentas pasivas extraterritoriales en el país.
Desde febrero último esta nación centroamericana integra la lista de países no cooperantes en materia fiscal de la UE.
De cara a una solución, el parlamento aprobó la semana pasada una ley la cual define que en Costa Rica rige la renta territorial, que implica únicamente gravar las ganancias o utilidades generadas en este país.
Mientras, en el caso de las llamadas empresas de papel radicadas aquí, sí se les gravará con el impuesto de la renta sus ganancias obtenidas en el exterior.
El presidente Chaves para el veto argumentó razones de oportunidad y conveniencia, pero sobre todo razones de conciencia patriótica.
La iniciativa que dio pie al veto presidencial permitiría que grandes empresas con inversiones fuera del país no paguen impuestos.
Esta ley representa e implica una afectación de recursos enormes a la recaudación del Ministerio de Hacienda. Es para beneficiar de manera clara e incontrovertible a gente muy adinerada en este país, subrayó en aquel momento Chaves.
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