Mientras miles de personas salieron ayer a acompañar y apoyar a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el noveno aniversario de su desaparición y masacre, la jueza de distrito prohibió al subsecretario de Gobernación, Ricardo Encinas, quien lleva el caso, llamar así a Tomás Zerón, exsecretario de seguridad asilado en Israel acusado de torturar a reos.
Esa decisión la tomó la magistrada aun cuando un vídeo filmado en el momento en que Zerón dirigía la tortura a un falso-positivo para que admitiera que los muchachos habían sido asesinados y carbonizados en un basurero por el cartel Guerreros Unidos.
Con ese vídeo, el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) elaboró una farsa y tergiversación de los hechos para que la responsabilidad del execrable crimen fuera achacado solamente al cartel mafioso, de acuerdo con denuncias.
El objetivo era ocultar a los militares que intervinieron directamente en la masacre, al Gobierno municipal de Iguala, liberar al Ejecutivo de toda responsabilidad, y cerrar el caso.
Zerón actuó bajo las órdenes del ex procurador general Jesús Murillo, preso por su involucramiento en la “verdad histórica” y el pacto de silencio entre los autores de la matanza, con conocimiento de Peña Nieto.
También que se aclare todo eso y se acuse y condene a los culpables, incluido el expresidente Peña Nieto quien, además, está libre también de todas las acusaciones que le ha hecho su director de Pemex, Emilio Lozoya.
En el juicio a Lozoya por el robo de cientos de millones de dólares al fisco y pagos a legisladores para que aprobarán una ley energética que sirvió para privatizar y eliminar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, el acusado puso a Peña Nieto como el principal responsable.
Desde ahora, nadie puede calificar al prófugo de la justicia Zerón de Lucio de torturador, criminal, farsante ni de nada ya demostrado y presentado como prueba para juzgarlo, condenarlo, y exigirle a Israel su extradición.
El argumento de la susodicha jueza es que llamarlo de esas formas, a pesar de las contundentes pruebas, es atentar contra los principios de presunción de inocencia y al debido proceso, y no lo acepta como una sutil forma de amordazar a la acusación.
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