De acuerdo con un nota publicada en el sitio oficial de la Presidencia del Consejo de ministros, en una reunión de ese órgano gubernamental, realizada la víspera, se modificaron las normas relativas al procedimiento especial para la tramitación de la solicitud de protección internacional.
En lo adelante si tal solicitud se presenta de manera repetida en la fase de ejecución concreta de una medida que implique la salida del territorio nacional, el comisario policial, previa consulta al presidente de la Comisión Territorial, podrá proseguir con la expulsión del territorio nacional.
Esta acción se aplicará, “salvo que el comisario encuentre nuevos elementos relevantes a los efectos de reconocer la protección internacional o prohibir la expulsión”, precisó el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, en una conferencia de prensa posterior a la reunión.
Por otra parte, se modificaron las normas sobre acciones tras un retiro injustificado del solicitante de las instalaciones de acogida. En caso de retiro voluntario, se prevé la suspensión del examen de la solicitud y la posibilidad de solicitar su reapertura.
También se redujo de 12 a 9 meses el plazo para la suspensión de la posibilidad de expulsión y si el extranjero se encuentra en el territorio nacional en un momento posterior a su expulsión voluntaria, no podrá solicitar la reapertura del procedimiento ya iniciado y suspendido, aunque podría solicitar protección internacional.
Los menores extranjeros no acompañados, después de una acogida inicial en las estructuras gubernamentales destinadas a las necesidades inmediatas de socorro y protección, deben pasar a los centros del Sistema de Acogida e Integración (SAI).
Sin embargo, en caso de indisponibilidad temporal de estructuras temporales, el prefecto podrá ordenar la inclusión temporal de los menores, que a primera vista parezcan tener más de dieciséis años, en una sección específica de los centros e instalaciones para adultos, por un período no superior a noventa días.
En cuanto a la determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañados, la autoridad de seguridad pública podrá ordenar la realización de mediciones antropométricas u otros controles sanitarios, incluidos radiográficos, para determinar la misma
El nuevo decreto ley establece además que el acceso a las estructuras de los centros del SAI, se habilitará para todas las mujeres, y no sólo las embarazadas, ya que las mismas son consideradas como inmigrantes de especial vulnerabilidad.
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