El mandatario abordó ampliamente el caso en su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, cuando ayer se rindió un informe muy amplio sobre el tema por parte de la comisión investigadora que preside el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas.
Nosotros, dijo, tenemos que seguir adelante, porque lo importante es saber dónde están los restos de los jóvenes asesinados y entregarlos a sus familiares.
Al hablar de la red de complicidades mencionó a la OEA pero sin dar detalles, y dijo que es muy probable que en el caso Ayotzinapa estaban también las fiscalías y que un fiscal especial se opuso a que se solicitaran las órdenes de aprehensión.
Reiteró que su gobierno hace una investigación a fondo, y mencionó que el exprocurador Jesús Murillo Karam en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está detenido, mientras el jefe de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón, está prófugo en Israel.
Anteriormente, Encinas publicó un amplio informe a raíz del descontento de los familiares de los 43 por la tardanza del proceso y que entre los culpables mencionados no aparezca quien es para ellos el principal responsable, el expresidente Enrique Peña Nieto de quien eran subordinados Murillo y Zerón.
Según el informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ) que encabeza Encinas, Ayotzinapa fue un crimen de Estado al más alto nivel.
Se ha demostrado, afirma, que la mal llamada verdad histórica fue una construcción -elaborada desde el gobierno federal- para encubrir los hechos y legitimar e imponer la versión oficial de la incineración de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula y dar carpetazo al caso.
La complicidad de funcionarios de los tres órdenes de gobierno y las acciones concertadas para ocultar la verdad constituyen un crimen de Estado, reitera, pero no menciona por su nombre a Peña Nieto.
Sí especifica que tal es el caso de la junta de autoridades, presidida por el entonces presidente de la República (no lo menciona con nombre y apellidos), junto con funcionarios del más alto nivel del gobierno, que fue la responsable directa de la construcción de la llamada verdad histórica. Esta operación al más alto nivel constituye una segunda desaparición de los estudiantes por las evidencias siguientes:
Las omisiones de las autoridades que en todo momento estuvieron informadas y permitieron la violencia y la desaparición de los estudiantes. La participación con el grupo delictivo en la desaparición de los normalistas. La manipulación y ocultamiento de evidencias y pruebas.
También, la creación de escenas del crimen. La obtención de declaraciones bajo tortura. La protección a los servidores públicos que participaron en los hechos. Mentir a los familiares de las víctimas y a la sociedad.
La verdad histórica fue revestida de acciones institucionales y comunicación que tenían como finalidad el cierre de las investigaciones para dar carpetazo al caso.
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