«La democracia ha ganado y necesitamos trabajar por la pacificación del país. Acabar con los antagonismos artificialmente creados para dividirnos. Un país no está hecho de nosotros y ellos. Somos un solo pueblo, en el pluralismo de las ideas, como es propio de una sociedad libre y abierta», afirmó Barroso en su discurso tras asumir el cargo.
También destacó las decisiones del Supremo en favor de las minorías políticas, como las mujeres, los negros, la comunidad LGBTQIA+, los pueblos indígenas y las personas con discapacidad.
Hemos sido compañeros del ascenso de las mujeres, en la lucha envolvente por igual respeto y consideración, en el espacio público y en el espacio privado, así como contra la violencia doméstica y sexual», refirió.
Asimismo, señaló que «hemos actuado, siempre con base en la Constitución, en favor del heroico esfuerzo de la población negra por reconocimiento e iguales oportunidades, validando las acciones afirmativas, imprescindibles para superar el racismo estructural que la esclavitud y su abolición sin inclusión acarrearon».
Barroso sucede en el puesto a la magistrada Rosa Weber, quien llegó a su jubilación obligatoria por tener 75 años. La jueza estaba al mando de la corte superior desde el 12 de septiembre de 2022.
La sucesión al mando del STF sigue el orden de la antigüedad. De esta forma, el vicepresidente es el sucesor de quien ocupa actualmente el cargo, en el caso, el ministro Edson Fachin.
De 65 años, Barroso ocupó una vacante en el Supremo en 2013, indicado por la expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016).
El doctor en derecho público por la Universidad del estado de Río de Janeiro y profesor titular de derecho constitucional en la misma institución realizó una maestría en la Universidad de Yale (Estados Unidos) y un posdoctorado en la de Harvard.
Trabajó, además, como profesor visitante en las universidades de Poitiers (Francia), Breslavia (Polonia) y Brasilia.
El juez también es autor de diversos libros sobre derecho constitucional y fue procurador de Río.
Aún como abogado, Barroso tuvo actuación en casos importantes del Supremo, como la liberación de investigaciones con células madre embrionarias y la prohibición del nepotismo en el Poder Judicial.
Durante 10 años en el STF, el magistrado fue ponente de procesos de gran repercusión, como el establecimiento de restricciones para el acceso a las tierras indígenas.
Participó en la suspensión de desalojos y desocupación en las zonas urbanas y rurales debido a la Covid-19.
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