La norma, presentada por la legisladora de esa tendencia Adriana Tudela, fue cuestionada por cineastas, técnicos, actores y críticos que consideran absurdo el proyecto, el cual parte del criterio de que el apoyo estatal solo financia producciones de bajo nivel artístico y contenido social y progresista.
El director de cine Joel Calero calificó el proyecto como producto de la mala fe o la ignorancia, por su contenido lleno de incoherencias y porque Tudela no se tomó el trabajo de consultarlo con los directamente concernidos, los que hacen cine.
Plantea que los proyectos compitan por recibir 50 por ciento del financiamiento requerido y Calero señaló que en esos términos será virtualmente imposible hacer realidad película alguna y propuso a Tudela un debate sobre la materia.
El congresista Alejandro Cavero, del partido de la proyectista de la ley, Renovación Popular, de derecha extrema, argumentó que la legislación vigente de promoción cinematográfica no ha financiado ningún largometraje que valga la pena.
El citado Calero dirigió Cielo oscuro (2012) y La última tarde (2016), obras de ficción financiadas por el Estado y merecedoras de distinciones en certámenes internacionales.
“Willaq Pirqa, el cine de mi pueblo”, de César Galindo, hablada totalmente en quechua y subtitulada y que cuenta la historia del descubrimiento del cine por una humilde comunidad quechua, fue este año un éxito de taquilla.
La película permaneció varias semanas en exhibición en las cadenas privadas de salas cinematográficas, pese a que en Perú se eliminó hace muchos años la llamada “cuota nacional” que obligaba a exhibir películas peruanas durante determinado tiempo.
El periodista Hugo Coya mencionó otras obtas laureadas internacionalmente que fueron posibles por el respaldo estatal, como Magallanes (2015), La teta asustada (2009), Retablo (2017), Wiñaypacha (Universo eterno, 2016) y Canción sin nombre (2019), todas de contenido social y cultural.
La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Audiovisuales, Diana Solís, declaró que la reducción de los subsidios afectará laboral y salarialmente a quienes trabajan en producciones cinematográficas.
Solís coincidió con otros críticos del proyecto en señalar que Tudela no consultó a ningún especialista ni a ningún gremio del sector cinematográfico.
La congresista dice que trató el asunto con especialistas en promoción cultural, turismo y economía y plantea además que cese cualquier trato preferencial a las películas en idiomas nativos.
La cineasta Rossana Díaz, del Colectivo En Defensa del Cine Peruano, advirtió que dejar de favorecer las produccionas en idiomas originarios impediría contar con un cine plural, diverso y representativo de todas las zonas y culturas de Perú.
Agregó que la imposibilidad de contar al menos con 50 por ciento del presupuesto de una película hará inviable que las ópeas primas puedan obtener financiamiento estatal para realizarse.
El analista Paul Maquet criticó el proyecto porque tiene “un discurso superideologizado, promercado, que no entiende las diversas funciones que cumple el cine en una sociedad y que no valora la diversidad cultural de nuestro país”.
“El cine es una industria, pero también un arte y un medio para documentar las realidades de un país y su historia viva. Es importante para la construcción de la identidad nacional, o mejor, de las identidades nacionales”, explicó.
Sugirió a Tudela que, si no le gustan los casi 70 largometrajes anuales que se producen en Perú o los idiomas indígenas, “que prepare un guion sobre los temas que a ella le gustaría ver y lo presente a los concursos que asignan estímulos públicos”.
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