Peña instó en rueda de prensa a encontrar los mecanismos «legales y civilizados» para arribar a una solución del contencioso sobre la libertad de navegación en la corriente hidrológica formada por los ríos Paraguay y Paraná, junto a sus afluentes.
El mandatario paraguayo afirmó que, en realidad, el conflicto “es entre Argentina y el Tratado” (1992, también llamado de Santa Cruz de la Sierra), porque el vecino país “plantea una visión diferente a la del texto del documento sobre el empleo del canal fluvial”, firmado, también por Uruguay, Brasil y Bolivia.
Peña lamentó la “falta de consenso” para zanjar esas diferencias entre dichos cuatro Estados y Buenos Aires, “que plantea ahora algo diferente a lo establecido por el acuerdo, el cual expresa que cualquier tipo de cobro en la vía tiene que hacerse en consenso entre los cinco países y no de manera unilateral”.
El presidente transmitió su entendimiento respecto a que cada país tiene derecho a emitir opiniones y visiones diferentes, y ejecutarlas en los ámbitos fijados por la ley, y recordó que “Paraguay tiene soberanía para hacer todo aquello que la Constitución Nacional y las leyes nacionales le permiten”.
Las declaraciones del jefe de Estado local respondieron a las expresadas el miércoles por el canciller argentino, Santiago Cafiero, quien negó que sus autoridades en el canal internacional estén incumpliendo tratados internacionales “al cobrar el peaje en un tramo argentino” de la hidrovía”.
El ministro bonaerense negó cualquier “hipótesis de conflicto” con Paraguay y aseguró que el debate está “llegando a buen destino”.
“Son países vecinos y hermanos que quieren desarrollarse en conjunto y no hay ningún tipo de hipótesis de conflicto que nos vaya a hacer cambiar nuestro punto de vista”, aseguró el canciller en una reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado argentino.
Según Cafiero, el Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH, integrado por Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay), llegó en una reunión este miércoles a “un principio de acuerdo, respecto a que la tasa retributiva es necesaria” para ejecutar las obras que garanticen la navegación en la hidrovía.
Por su parte, la Cancillería paraguaya divulgó que hubo un acuerdo de la reunión del CIH mediante el cual Argentina “se abstendrá de interponer embargos e interdicciones a las embarcaciones de los países signatarios, por un plazo de 60 días corridos”.
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