En su calidad de órgano encargado de garantizar la transparencia y legalidad de los procesos comiciales, expuso mediante un comunicado que las maniobras en curso ponen en duda los resultados de los sufragios ya oficializados.
«Este acto, que se suma a una serie de ataques previos, incluyendo la solicitud de retiro del antejuicio a los magistrados del TSE apenas dos días atrás, evidencia claramente la intención de ciertos grupos de desestabilizar y deslegitimar el proceso”, advirtió.
Instó al binomio presidencial (Bernardo Arévalo y Karin Herrera), a los 340 alcaldes, 160 diputados al Congreso de la República y 20 diputados al Parlamento Centroamericano electos libre y democráticamente mediante el voto de la ciudadanía a que se unan a la defensa de la democracia. Llamó a la Corte de Constitucionalidad para que en cumplimiento de su función esencial como máximo garante del orden legítimo se pronuncie de oficio en defensa del régimen democrático, como otrora lo hizo en salvaguardar la soberanía ejercida por el pueblo.
«Sustraer las actas cuatro y ocho originales constituye una violación al sistema democrático guatemalteco», destacó, y precisó que el TSE es el legítimo garante del proceso.
Además, el único facultado para custodiar toda la documentación original de los comicios conforme la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Exhortó a la ciudadanía estar vigilantes por el riesgo y la puesta en duda en la legitimidad de sus derechos, a través del ejercicio del voto que es la máxima expresión de su voluntad para la alternancia del poder.
Reafirmó el compromiso inquebrantable con la democracia y la legalidad y solicitó a las autoridades pertinentes a actuar con responsabilidad y apego a la Constitución para garantizar la estabilidad del país y la plena vigencia de los principios democráticos.
El MP, por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), allanó la mañana de este viernes el TSE en seguimiento a “las diligencias realizadas en la sede del Centro de Operaciones del Proceso Comicial”, de hace dos semanas.
Debido a los allanamientos anteriores, el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, exigió la renuncia inmediata de sus cargos de la fiscal general Consuelo Porras, del jefe de la FECI Rafael Curruchiche y del juez Fredy Orellana.
Asimismo, suspendió temporal la participación en el proceso administrativo de cambio de mando, “en tanto se restablecen las condiciones institucionales necesarias”, enfatizó el actual diputado.
Entidades locales e internacionales coinciden en calificar estas interferencias de ilegales e insisten en que detengan los ataques a la voluntad popular.
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