Caba indicó al periódico Diario Libre que, de esa forma, con la decisión del Gobierno de retomar su construcción se garantiza el agua a los agricultores locales afectados por el cierre de la frontera, a raíz del conflicto creado por la edificación por ciudadanos haitianos de un canal para desviar las aguas del río, que comparten los dos países.
«Vamos a una solución para el futuro» en la medida que asegurará el líquido en época de sequía, señaló.
Explicó que el canal de La Vigía, que capta el agua del Dajabón en el lugar conocido como Aduana, se extiende por unos nueve kilómetros y tendrá capacidad para trasladar 1,5 metros cúbicos de agua por segundo.
Esa suficiencia, puntualizó, supera el caudal de uno o menos metros cúbicos que corre por el mismo durante gran parte del año.
Precisó que las dificultades en el sistema eléctrico que alimenta las bombas generó que desde 2007 no se utilizara hasta la fecha y dijo que la falta de uso cegó parte del cauce del canal en unos cuatro kilómetros, que ahora habilitan, publicó el rotativo.
De acuerdo con el directivo, la obra que se construye en Haití de manera unilateral y que el Gobierno dominicano considera ilegal, además de no estar consensuada, se levanta en un meandro que hace difícil su funcionamiento.
Alertó que eso implica también la construcción por la parte haitiana de un dique que, donde Puerto Príncipe lo tiene previsto, supondría un riesgo de inundación para las poblaciones aguas abajo y la empresa Codevi, en la que se estima laboran unos 19 mil trabajadores de esa vecina nación.
Señaló que el construido por República Dominicana fue consensuado desde sus inicios en la década del 50 del siglo pasado.
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