Mediante un comunicado, la cartera acotó que ese cuerpo interviene “en cumplimiento a órdenes emanadas de los órganos jurisdiccionales y demás entidades competentes” y “por imperativo legal, entre sus funciones le corresponde cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico”.
La Policía debe atender los requerimientos que, dentro de los límites legales, recibe del Organismo Judicial, el MP y demás entidades competentes, argumentó.
En todo momento con absoluto respeto a la Constitución, a los derechos humanos de las personas y demás leyes, “actuando en todo momento al margen de cualquier interés político o ideológico”,añadió.
Aclaró en el texto que instruyó para que el uso de la fuerza policial, en cada diligencia donde se participe, se realice con base al análisis de riesgo, para evitar el exceso de uso de la fuerza.
El Ministerio de Gobernación a través de sus dependencias, por mandato legal, se limita a cumplir las disposiciones instruidas por los órganos jurisdiccionales y demás entidades competentes cuando así lo requieran, subrayó.
El desconocimiento de la ley genera críticas infundadas, remarcó la cartera a partir de que el pasado sábado la Fiscalía Especial Contra la Impunidad empleara violencia para sustraer actas de los comicios 2023.
Organizaciones civiles agrupadas en el Foro Guatemala instaron a la Corte Constitucional a que asuma su responsabilidad como garante de la legalidad y detenga las violaciones del MP.
Aseguraron que las acciones del ente investigativo en contra del TSE están violando la Carta Magna, pues han roto dos veces la cadena de custodia de las actas de los sufragios, subrayaron.
La Asociación de Periodistas de la nación condenó enérgicamente las reiteradas acciones desarrolladas por la Fiscalía General, mientras enfatizó que con esto pretende deslegitimar el proceso electoral ya concluido.
Autoridades indígenas y sectores sociales desarrollan este lunes manifestaciones y movilizaciones por tiempo indefinido en defensa de la democracia.
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