“El derecho constitucional a la manifestación pacífica, no debe atentar contra la integridad, el derecho a la vida, ni la libre locomoción de los guatemaltecos”, expuso el Ejecutivo del país mediante un comunicado.
Consideró que las medidas de hecho privan el acceso a la salud, obligan en algunos casos a exponer la vida de personas que necesitan acceder a atención médica de manera prioritaria, al quedar varadas en las carreteras, subrayó
Recordó que toda responsabilidad recae en quienes toman estas iniciativas, que de registrarse pérdidas humanas por falta de acceso a centros sanitarios, o debido a la carencia de médicos en ellos por imposibilitarse su movilización, se deducirán las responsabilidades correspondientes, remarcó.
Reiteró en el texto “el compromiso de salvaguardar la integridad y seguridad de los guatemaltecos, anteponiendo el bien común ante el interés particular, así como velar por el cumplimiento de sus derechos elementales tales como la vida y la libre locomoción”.
Entidades locales e internacionales coinciden en llamar los allanamientos de la Fiscalía al Tribunal Supremo Electoral (TSE) interferencias violatorias de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y piden que detengan los ataques a la democracia del país.
Los 48 cantones del departamento de Totonicapán y organizaciones sociales mantienen este miércoles el bloqueo de al menos 11 puntos de la nación exigiendo la renuncia de la jefa del Ministerio Público Consuelo Porras y otros de sus funcionarios.
Ante la crisis política, sectores exhortan a la Corte Constitucional no atrasar más la discusión de petición del TSE sobre las acciones que impulsó un juez.
Ese alto tribunal tiene una gran decisión histórica que resolver, para reencauzar el Estado de derecho, resaltó la Fundación para el Desarrollo de Guatemala.
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