El texto sobre la Misión, señala que la administración de Petro en su primer año «brindó la oportunidad de renovar los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz», además, «de emprender acciones decisivas para cumplir esas promesas».
De acuerdo con el informe, que abarca el período comprendido entre el 27 de junio al 26 de septiembre, el año también ha servido para poner en marcha otras iniciativas en el marco de la política de paz total, no obstante, el secretario general insta a redoblar los esfuerzos para acelerar los avances en la implementación del Acuerdo de Paz.
Guterres saluda los avances logrados en las negociaciones entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional «que reflejan la determinación de ambas partes de poner fin a décadas de conflicto».
Celebra las acciones del Gobierno por acelerar la implementación de la reforma rural integral y destaca el lanzamiento del sistema nacional de reforma agraria, mecanismo clave de coordinación interinstitucional con el objetivo de asegurar una implementación coherente, incluyendo el fomento de la participación de campesinos, mujeres y organizaciones indígenas y afrocolombianas. En materia de garantías de seguridad se destaca que la Comisión Nacional sobre el tema aprobó la política pública para el desmantelamiento de grupos armados ilegales y organizaciones criminales y su plan de acción, un instrumento largamente esperado para detener la violencia en las zonas afectadas por el conflicto.
Sin embargo, lamenta la persistencia de la violencia contra exmiembros de las FARC-EP, pues 15 excombatientes fueron asesinados durante este periodo y 394, desde la firma del Acuerdo Final de Paz de 2016. por lo que insta al gobierno a tomar las medidas necesarias para garantizar su seguridad y protección y llevar a los responsables de esos crímenes ante la justicia.
Con respecto a la violencia contra comunidades, líderes sociales y defensores de derechos humanos el informe menciona que ocho mil 556 personas fueron desplazadas forzadamente y 27 mil 183 fueron confinadas. En total, 87 mil 98 personas fueron afectadas, una reducción del 31 por ciento en comparación con igual período de 2022.
Durante esa etapa fueron notificadas 52 denuncias de asesinatos de defensores de derechos humanos, 13 por ciento menos en relación con el período anterior.
El refuerzo de las medidas de seguridad es especialmente importante a la luz de las próximas elecciones las cuales, dijo, espera «se desarrollen en un entorno de paz, respeto y amplia participación». El informe reconoce la participación del partido Comunes en los venideros comicios regionales; la reincorporación de los exguerrilleros (77,6 por ciento participa en proyectos productivos).
También reconoce los avances en los casos de la Jurisdicción Especial para la Paz y señala que la pronta emisión de las primeras sanciones propias será esencial para el proceso de justicia transicional.
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