El magistrado Carlos Andrés Guzmán explicó que debe ser llamado a juicio por el delito de soborno en actuación penal y en cuanto al de fraude procesal (inducir a error a la justicia), también indicó que el expresidente debe ser juzgado por ello.
En ese sentido, enfatizó que la Fiscalía no logró sustentar con argumentos suficientes la petición para que el proceso precluyera.
El proceso contra el exgobernante, comenzó en 2012 cuando el entonces representante a la Cámara y ahora senador por el Pacto Histórico Iván Cepeda citó a un debate sobre el surgimiento del paramilitarismo en Antioquia en la década de 1990 y que involucraba a Uribe.
Según las investigaciones, a través de terceros, como el abogado Diego Cadena, Uribe intentó manipular versiones de varios exparamilitares con el objeto ocultar su participación y vínculos con el paramilitarismo y, paradójicamente, acusó a Cepeda de utilizar una misión humanitaria para buscar a exparamilitares en las cárceles y convencerlos de que declararan en su contra.
El 16 de febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia absolvió al entonces parlamentario del Polo Democrático, Iván Cepeda, de la acusación hecha por el expresidente.
Luego, en 2020 la Corte Suprema consideró que se debía detener a Uribe mientras seguían las investigaciones, sin embargo, el exgobernante renunció a su curul en el Senado para que el proceso pasara a manos de la Fiscalía.
Hoy, tras conocer la decisión del Tribunal, Cepeda señaló que de los 11 años de esta investigación, durante tres ha estado a cargo la Fiscalía General, «que ha propiciado un escenario de impunidad a favor del imputado».
Añadió que ha actuado apartándose de su deber de independencia e imparcialidad, a favor de las pretensiones de la defensa del procesado, a tal punto que ante la Corte Suprema de Justicia se presentaron en dos ocasiones solicitud de preclusión de la investigación.
No obstante, las víctimas y representantes de víctimas han demostrado, apoyadas en el acervo probatorio recaudado y en sólidos argumentos jurídicos, la culpabilidad de Uribe.
Cepeda solicitó al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, que designe, de manera inmediata, un nuevo fiscal para iniciar la actuación procesal y pidió que, sin más dilaciones, presente acusación contra Uribe, con fundamento en la totalidad de hechos jurídicamente relevantes delimitados por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
También, en los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que obra en el expediente; y las consistentes y robustas decisiones adoptadas en este proceso por los Jueces.
Solicitó a la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, que designe un nuevo representante del Ministerio Público para que intervenga en la actuación procesal en defensa del orden jurídico y vigile que se respeten las garantías fundamentales.
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