Esta propuesta, que será sometida a plebiscito con voto obligatorio el 17 de diciembre, inevitablemente va a profundizar el modelo neoliberal y promover la negación de los crímenes cometidos por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), aseguraron.
Según el prestigioso economista Manuel Riesco, vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, desde el principio esa institución estuvo opuesta a la forma en que se estaba desarrollando el proceso.
“Ahora que está por terminar, sólo puedo repetir las palabras de la gran periodista Delia Vergara: nosotros siempre vamos a poder hacer una Constitución que nos incluya”, afirmó.
El abogado en derechos humanos Hugo Gutiérrez recordó que el 25 de octubre de 2020, cuando se firmó un acuerdo para poner fin al estallido social iniciado un año antes, el pueblo de Chile se pronunció por una nueva ley fundamental.
Sin embargo, señaló, la iniciativa quedó capturada por la extrema derecha que defiende sus propios intereses y los del gran poder económico y por eso debe rechazarse en diciembre.
A las críticas al borrador, que a partir de hoy será analizado por una comisión de expertos, se sumó el médico Daniel Peralta, quien aseguró que votará en contra de la privatización de servicios esenciales, como la salud y la educación.
En el mismo sentido se pronunció el poeta Juvenal Ayala, al asegurar que desde los sectores más conservadores y retrógrados nunca salió nada para beneficio de los trabajadores y el país en general.
Al llamado a votar por el rechazo al proyecto de constitución se sumó también el periodista Iván Gutiérrez, fundador del diario Crónica Digital y miembro de las micro, pequeñas y medianas empresas.
El exprisionero político Vasili Carrillo, hijo de un ejecutado por el régimen militar, recordó que la propuesta de carta magna fue escrita a espaldas del pueblo e ignora derechos fundamentales de las mujeres y las comunidades indígenas.
Durante la votación en el Consejo Constitucional, finalizada esta semana, el extremista Partido Republicano y la derechista coalición Chile Vamos impusieron su mayoría absoluta para elaborar un texto más restrictivo que la carta magna vigente, hecha por la dictadura.
El proyecto elimina la garantía del aborto por inviabilidad fetal, violación o riesgo para la vida de la madre, restringe el derecho a huelga y el normal funcionamiento de los sindicatos y consagra la privatización de la educación, la salud y los recursos naturales.
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