El texto es considerado como regresivo por analistas, organizaciones sociales, políticas y laborales porque limita o elimina derechos consagrados en el país, entre ellos la convocatoria a huelga para exigir mejoras salariales o de condiciones de trabajo.
También eleva a rango constitucional la privatización de servicios como la educación, la salud y el sistema de jubilaciones, y además restringe el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo por violación, inviabilidad fetal o riesgo para la vida de la madre.
Al finalizar hoy la presentación y análisis de las enmiendas, los expertos tendrán dos días para votar cada una de ellas y el documento volverá de nuevo a los consejeros.
Si, como se espera, no hay consenso entre ambos textos será convocada una comisión mixta encargada de llegar a un documento final.
El resultado así alcanzado será sometido a plebiscito con voto obligatorio el 17 de diciembre venidero.
La víspera los partidos integrantes de la coalición de gobierno afirmaron que la propuesta de carta magna impulsada por la derecha implica un fuerte retroceso de derechos y garantías.
En un comunicado las agrupaciones afirmaron que una nueva ley fundamental es una prioridad para Chile, pero la forma en la cual se desarrolló el proceso impide llegar a un texto capaz de unir al país.
Según la presidenta de la Comisión Experta, Verónica Undurraga, el mandato es ofrecer a la población una Constitución que esté dispuesta a aprobar y se mantenga en el tiempo.
Sin embargo, añadió, el consejo hizo cambios sustantivos al borrador original que se le entregó y lo alejó del propósito de crear una ley de leyes donde todos los chilenos se puedan encontrar.
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