De ahí que la Organización Mundial de la Salud (OMS) en esta fecha encamine sus esfuerzos a mejorar los conocimientos, sensibilizar e impulsar medidas que promuevan y protejan la salud mental de todos como derecho humano básico para todos.
Los expertos enfatizan que todos, sin distinción, tienen derecho a gozar del grado más alto posible de salud mental, lo que incluye ser protegido de los riesgos que atentan contra ella, recibir una atención disponible, accesible, digna y de calidad, y el derecho a la libertad, la independencia y la integración en su entorno social.
Alertan que una de cada ocho personas en el mundo padece algún problema de salud mental, lo que puede repercutir en su salud física, su bienestar, su relación con los demás y sus medios de subsistencia.
Además, cada vez más adolescentes y jóvenes presentan problemas de esta índole.
Resaltan que estas personas siguen viendo limitados sus derechos humanos de distintas formas, pues un buen número son discriminadas y excluidas de la vida en común, mientras que muchas más no disponen de los servicios de salud mental que necesitan o reciben una atención que no respeta sus derechos humanos.
En ocasión de la jornada, organismos internacionales publicaron este lunes nuevas orientaciones dirigidas a ayudar a los países a reformar sus legislaciones para evitar las violaciones de los derechos humanos y lograr mayor calidad en la atención de la salud mental.
En el documento titulado Salud mental, derechos humanos y legislación: orientaciones y prácticas, elaborado conjuntamente por la OMS y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se destaca que las prácticas negativas en este tema son muy frecuentes.
Los expertos señalan que muchos servicios de salud mental en el mundo continúan recurriendo a la hospitalización y el tratamiento sin consentimiento, condiciones de vida insalubres, la violencia física y el maltrato psicológico.
En opinión del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, estas nuevas orientaciones ayudarán a los países a introducir los cambios necesarios para prestar una atención de salud mental de calidad que ayude a las personas a curarse y que respeten su dignidad, capacitándolas para que lleven una vida plena y saludable en su entorno social.
Entre las recomendaciones está incorporar en la atención de salud mental un enfoque comunitario basado en los derechos, que incluya una legislación que sustituya progresivamente las instituciones psiquiátricas por sistemas de apoyo comunitario y servicios integradores, por ejemplo, mediante subsidios, ayudas a la vivienda y redes de apoyo entre iguales.
También poner fin a las prácticas coercitivas en este tema, como el internamiento sin consentimiento, el tratamiento forzoso, la reclusión y la contención, para respetar el derecho de todas las personas a decidir la atención que van a recibir y a tomar sus propias decisiones sobre su tratamiento.
Por ello proponen una legislación que impida la coacción en los servicios de salud mental y consagre el consentimiento libre e informado como base de todas las intervenciones en esta esfera.
Además, en ellas se aconseja cómo tratar los casos más complejos y difíciles mediante legislación y políticas, sin tener que recurrir a prácticas coercitivas.
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