Manifestaron durante el recorrido desde la Torre Colpatria hasta la Plaza de Bolívar en el centro histórico de esta capital que continuarán su lucha por la verdad, al tiempo que exresaron su satisfacción porque lograron justicia internacional.
«Hoy estuvimos, como todos los años, en la marcha por la dignidad de las víctimas del genocidio contra la UP, conmemorando a nuestros camaradas que ya no están, quienes sembraron los cimientos y dieron su vida por construir los cambios que vivimos hoy. ¡Sin olvido!», resaltó la secretaria del Partido Comunista Colombiano, Claudia Flórez.
Los manifestantes exigieron también el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH contra el Estado de Colombia por el genocidio contra ese partido.
El alto tribunal regional responsabilizó en enero pasado al Estado por las violaciones de derechos humanos cometidas contra más de seis mil integrantes y militantes de la Unión Patriótica desde 1984 y por más de 20 años.
Al emitir su fallo, recordó que la UP se constituyó como organización política el 28 de mayo de 1985, como resultado de un proceso de Paz entre el Secretariado Nacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Gobierno nacional.
Como consecuencia de su rápido ascenso en la política nacional y, en especial, en algunas regiones de tradicional presencia guerrillera, surgió una alianza entre grupos paramilitares, con sectores de la política tradicional, de la fuerza pública y de los grupos empresariales, para contrarrestar la subida en la arena política de la UP.
A partir de entonces, comenzaron los actos de violencia contra los integrantes, simpatizantes y militantes de la Unión Patriótica.
La Corte constató que la violencia sistemática contra los integrantes y los militantes de esa fuerza política se extendió en la casi totalidad del territorio colombiano.
Se manifestó a través de actos de distinta naturaleza como desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos forzados, entre otros.
Esos actos constituyeron parte de un plan de exterminio sistemático contra el partido político UP, sus miembros y militantes, los cuales contaron con la participación de agentes estatales, y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades, constituyendo un crimen de lesa humanidad, enfatizó la Corte.
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