La entidad estatal lamentó que desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse a mediados de 2021, la inseguridad y violencia armada se ha convertido en una amenaza cotidiana para los ciudadanos, mientras que los secuestros afectan a todos los estratos sociales.
Los ciudadanos viven en un miedo constante, ya que las bandas armadas, que controlan muchas regiones del país, incluida la capital, Puerto Príncipe, siguen aterrorizándolos, sobre todo porque las autoridades estatales se muestran cada vez más irresponsables, aseguró la instancia.
Además, deploró que los grupos armados desafían la autoridad del Gobierno y de las fuerzas del orden, y atacan comisarías, instituciones públicas y privadas, así como escuelas y hospitales, situación que genera un éxodo masivo de los barrios más vulnerables.
La crisis provoca además un aumento de los índices de pobreza y de inseguridad alimentaria, y el acceso limitado al agua potable y servicios básicos. Cada vez más niños no pueden asistir a las escuelas, lamentó el organismo.
La Oficina de Protección del Ciudadano también denunció la creciente impunidad y el aumento de las tasas de prisión preventiva prolongada ante el mal funcionamiento del sistema judicial y del Consejo Superior de la Magistratura.
La situación, indicó, agrava enormemente el fenómeno de la impunidad y las violaciones de los derechos humanos.
Ante este panorama, el organismo llamó al Estado a responsabilizarse con los compromisos adquiridos a nivel regional en materia de los derechos humanos y garantizar la seguridad, la vida y los bienes de sus ciudadanos.
Recordó que cada vez más los niños están expuestos a la violencia sexual y son utilizados como soldados de las bandas.
La Oficina de Protección del Ciudadano también instó a la comunidad internacional a apoyar al país y reiteró su solicitud de asistencia para esclarecer las circunstancias del asesinato de Moïse, lo cual considera crucial para reforzar el Estado de derecho, la democracia y lograr la justicia social.
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