La víspera la Asamblea Legislativa extendió hasta el 12 de noviembre esa medida que opositores como el diputado del Partido Alianza Nacionalista Republicana (Arena) Cesar Reyes califican de “desproporcionada”.
Cierto, esa pudiera ser la interpretación pero, hasta ahora es la única acción emprendida que frenó los asesinatos y la violencia en el país, aunque en ocasiones, se habla de presuntas violaciones de derechos humanos, incluso algunas reconocidas por funcionarios oficiales con promesas de que serán investigadas.
La administración del presidente Nayib Bukele amaneció hoy con la decimonovena prórroga de la medida por 30 días, hasta el 12 de noviembre, mientras en las últimas jornadas desplegó nuevos cercos militares a municipios y comunidades donde aún están presentes los pandilleros, calificados hace algunos años como terroristas por el propio Parlamento.
Con 67 votos a favor de 84 posibles, se aprobó la disposición transitoria, tal vez necesaria, si se consideran informes divulgados por la publicación InSight Crime que aseguran la Mara Salvatrucha (MS13), el Barrio 18 Sureños y el Barrio 18 Revolucionarios conservan 54 grupos armados, sobre todo en áreas rurales.
También permanecen en libertad casi 43 mil personas perfiladas como pandilleros, en tres categorías: miembros activos (homeboys), aspirantes a serlo (chequeos) y lo que llaman “colaboradores”, una designación amplia de los supuestos operadores y ayudantes de esos grupo.
Las autoridades de seguridad consideran que es necesario mantener la providencia para sacar de las calles los remanentes de las estructuras criminales que se mantuvieron ocultos durante todo este tiempo y que representan un riesgo para la población.
El Régimen de Excepción es la respuesta que el Órgano Ejecutivo y Legislativo dieron el 27 de marzo de 2022 para frenar una ola de asesinatos que ejecutaron las pandillas un día anterior, cuando 62 personas perdieron la vida, en 12 de los 14 departamentos.
Ahora, Bukele reiteró que no van a detenerse “hasta capturar al último terrorista”, mientras autoriza nuevos cercos de seguridad en Apopa y Soyapango, dos áreas donde presuntamente se mueven elementos delictivos y criminales.
Un total de tres mil 500 soldados y 500 policías permanecerán en los tres cercos de seguridad instalados de manera simultánea en las colonias Popotlán y Valle Verde, en Apopa; y La Campanera, en Soyapango, indicó la información oficial
El mandatario informó que la medida forma parte de la implementación de la fase de extracción del Plan Control Territorial y las tres colonias permanecerán cercadas por soldados en un trabajo en conjunto con la Policía Nacional Civil para apresar a todos los terroristas y sus colaboradores.
El ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, afirmó que la guerra contra pandillas “sigue y no daremos un solo paso atrás”, mientras el director de la Policía, Mauricio Arriaza, expresó que el objetivo de los cuerpos de seguridad es proteger la vida y los bienes de la población durante el tiempo que sea necesario.
Las autoridades informaron la noche de este miércoles que, gracias a los cercos implementados en tres de las zonas más grandes de San Salvador, ya efectuaron la captura de tres pandilleros de 18-R.
Todo parece indicar que el régimen de excepción, pese a las críticas y sus defectos, estará vigente por tiempo indeterminado y permanecerá en el centro de la vida de los salvadoreños hasta la captura del “último pandillero”, según señala el mensaje gubernamental.
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