El representante permanente del país sudamericano ante el organismo multilateral en Ginebra, Héctor Constant, valoró este resultado en su cuenta X, antes Twitter, como “nueva victoria del Derecho Internacional”.
“Ningún Estado puede recurrir o fomentar el recurso a ningún tipo de medida (…), con objeto de coaccionar a otro Estado para obtener de él la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos o para procurarse de él ventajas de cualquier índole…”, indicó el diplomático en referencia al documento aprobado.
La Cancillería venezolana precisó que la resolución aprobada subraya que las medidas coercitivas unilaterales son “contrarias al derecho internacional, el derecho internacional humanitario, la Carta de la ONU y las normas y principios que regulan las relaciones pacíficas entre los Estados”.
El Consejo de DDHH en el documento expresó su profunda consternación por las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el derecho a la vida, el derecho a la salud y la atención médica.
Además del derecho a no pasar hambre, a un nivel de vida adecuado, a la alimentación, a la educación, al trabajo y a la vivienda, y el derecho al desarrollo.
Expresó asimismo su alarma ante los costos humanos desproporcionados e indiscriminados de las sanciones unilaterales y sus efectos negativos para la población civil, en particular las mujeres y los niños, de los Estados contra los cuales van dirigidas.
La resolución acogió con beneplácito y apoyó la labor de la Relatora Especial, Alena Douhan, sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos y decidió prorrogar por un período de tres años su mandato.
También solicitó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH que siga dando gran prioridad a los derechos humanos y las medidas coercitivas unilaterales, y exhortó a todos los Gobiernos a cooperar con la Relatora Especial y la ayuden en su cometido.
Al presentar su informe el pasado martes en el 39 período de sesiones del Comité de Derechos Humanos, el canciller Yván Gil denunció que Venezuela fue objeto de una “perversa estrategia de cambio de régimen”, promovida por Estados Unidos y la ultraderecha internacional.
Esta incluyó, señaló, constantes agresiones, intentos de golpes de Estado, magnicidios, sabotajes a la industria petrolera y servicios públicos.
También mencionó las expresiones de violencia, terrorismo e imposición de “ilegales medidas coercitivas unilaterales” (más de 930) que generaron un impacto negativo en el disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano.
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