El presidente del país, Luis Abinader, firmó el el decreto número 510-23, que dispone la entrega de Baicu, con varias condenas sin cumplir emitidas por el Tribunal de Dolj, Rumanía.
La Corte de Justicia consideró que la diligencia de extradición fue regular y válida en cuanto a la forma y al fondo.
Baicu deberá permanecer cuatro años en prisión y dos años inhabilitado para el ejercicio de ciertos derechos.
El rumano fue hallado culpable de formar parte de una organización delictiva internacional que constituyó en 2011, cuyo objetivo era cometer delitos relacionados con sistemas y redes informáticas, así como el lavado de capitales.
Sus acciones implicaban la obtención de tecnología que permitiera leer y copiar información encriptada que estuviera almacenada en los chips de tarjetas bancarias, incluyendo datos de identificación y claves secretas personales.
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