Los colectivos de la Alianza Pueblo Unido por la Vida llegaron por tercera ocasión hasta la Presidencia de la República para solicitar al Jefe de Estado, Laurentino Cortizo, que vete el pacto con la filial de la trasnacional canadiense First Quantum, lesivo a la soberanía.
Para voceros de la agrupación como Saúl Méndez, las modificaciones al texto, que apoya Cortizo, nacieron con un pecado original y es que en 2017 la Corte Suprema de Justicia lo declaró inconstitucional por realizar contratación directa a una empresa extranjera sin el debido proceso de licitación, lo que ahora reitera y quiere imponer al país.
Los cambios en apenas cuatro puntos de unas 63 cláusulas no satisfacen los reclamos del pueblo sobre daños ambientales, a la salud humana y el robo de los recursos naturales que pertenecen a todos los panameños, remarcó el dirigente sindical, quien recordó que exigen además una moratoria a la actividad extractiva y un referendo sobre este asunto.
También este sábado, el candidato presidencial por el partido Realizando Metas y la tolda Alianza, el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli (2009-2014), anunciará a la persona que sustituirá a su esposa Marta Linares, excandidata a la Vicepresidencia en la consulta del 5 de mayo de 2024, pero quien declinó su postulación.
La decisión trajo diferencias con el Tribunal Electoral (TE), ente que para esas organizaciones se esmera en entorpecer las aspiraciones de Martinelli, quien también está pendiente de que se ejecute una condena de 10 años por lavado de dinero en el juicio del caso New Business y se celebre otra vista por similar delito relacionado con la constructora brasileña Odebrecht.
Por su parte, el TE rechazó los pronunciamientos y los catalogó de absurdos e infundados, al tiempo que reiteró su compromiso con la democracia, la rendición de cuentas, la transparencia, la equidad y la justicia dentro del torneo electoral.
En los últimos siete días, también el máximo organismo comicial discrepó con la Asamblea Nacional (Parlamento) sobre reformas al Código Electoral, aprobadas en tercer y último debate.
Los cambios inciden en las normas vigentes que determina la asignación de curules por residuos en circuitos plurinominales
Los adversarios de estas modificaciones señalan que solo beneficiarán a las organizaciones políticas de mayor membresía, entre ellas el gobernante Partido Revolucionario Democrático, cuyos diputados, entre ellos Ricardo Torres, presentaron esa iniciativa.
Con el cambio suscrito, aducen los más severos críticos, los grandes partidos se podrían adjudicar algunos curules en correspondencia con los votos obtenidos en la consulta del 5 de mayo de 2024 y así restarle posibilidades al creciente movimiento independiente
Sobre el tema, el presidente del TE, Alfredo Juncá, abogó porque las mismas normas que se aplicaron en las elecciones generales de 2019, deberían regir el próximo año.
También la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, el mayor gremio empresarial del país, manifestó que a pocos meses de las elecciones generales reformar el Código es un acto irresponsable y peligroso que genera desconfianza total por parte de la sociedad en su conjunto.
mem/ga
