La víspera, los diputados dieron un contundente No, con 123 votos en contra y una abstención, a la propuesta del grupo parlamentario de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (Unita), el mayor partido de oposición en el país y que cuenta con 90 de los 220 escaños del Legislativo.
La conformación de la comisión requería de una mayoría absoluta de los parlamentarios en ejercicio para su aprobación, lo cual no ocurrió, pues el grupo del Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA), unido al voto de un integrante del Partido Humanista de Angola, cortaron esas aspiraciones.
Un integrante del Partido de Renovación Social se abstuvo.
La Unita no observó tranquilamente el resultado y, a los gritos de: “Vergüenza”, se rehusó a participar de la votación, además de acusar al MPLA de violar la legalidad, bajo el argumento de que la votación se hizo a mano alzada y no de manera secreta.
“El MPLA ha demostrado aquí que está completamente asustado, que está en un gobierno debilitado y que el país está dando la espalda a este partido”, dijo el presidente del partido opositor y diputado Adalberto Costa Júnior.
Agregó que no descartan la posibilidad de llevar el asunto a los tribunales.
La Unita esperaba que una votación secreta sumara votos del propio MPLA, del cual Lourenço es líder, algo rechazado por diputados como João «Jú» Martins, quien consideró como una historia inventada las divisiones en el seno del partido en el poder, lo cual se demostró con la participación masiva en la votación, dijo.
EL PROCESO
La propuesta de destitución del mandatario fue presentada formalmente el pasado jueves y, de forma inmediata, la presidenta de la Asamblea Nacional, Carolina Cerqueira, convocó a los integrantes de la Comisión Permanente para una reunión extraordinaria.
Dicho encuentro acordó atender el tema en una reunión plenaria extraordinaria a efectuarse el sábado 14, durante la cual se decidiría sobre la creación de una Comisión Eventual que, de ser aprobada, elaboraría el informe y dictamen sobre el asunto en un plazo fijado.
No hubo violación de la legalidad, remarcó ante la prensa el diputado António Paulo, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento.
Recordó que se siguieron todos los pasos establecidos, pero que de acuerdo con el artículo 284 del Reglamento de la Asamblea Nacional, la iniciativa del proceso de acusación y destitución del Presidente de la República corresponde a ese órgano.
Se cumplió con el requisito de que la propuesta fuera presentada por un tercio de los diputados en ejercicio, pues la Unita entregó 90 firmas apoyando la moción, sin embargo, el plenario no acogió la iniciativa, precisó, de ahí que el proceso muere.
En tanto, el jurista Moreira Lopes explicó a la Televisión Pública de Angola que la votación a mano alzada es el procedimiento común en este momento del proceso.
TRAS EL RECHAZO
Desde hace tres meses Unita anunció que presentaría la moción, alegando que a más de un año de su segundo mandato Lourenço “subvirtió el proceso democrático” y “consolidó un régimen autoritario que atenta contra la paz y los derechos ciudadanos”.
Sin embargo, escogieron adecuadamente el momento para avanzar con la iniciativa, solo unos días antes de que el mandatario pronunciara su discurso sobre el Estado de la Nación y de la apertura del nuevo Año Parlamentario (2023/2024), previsto para este 16 de octubre.
A ello se añade que el Tribunal Constitucional de Angola declaró la pasada semana como inconstitucional el decreto presidencial del 16 de marzo de 2021.
Todos estos elementos están dirigidos a dañar la imagen de Lourenço y del MPLA en un momento donde la sociedad angoleña está muy afectada por la crisis económica y el encarecimiento de los productos básicos.
Tras el rechazo a la propuesta de destitución del presidente, el partido en el poder tiene el reto de sacar adelante el país y, al mismo tiempo, mostrar que son verdaderamente infundadas las acusaciones de Unita en su proyecto de 100 páginas y más de 200 artículos, que ya comienzan a hacer público.
Se trata de restaurar las posibles heridas a su credibilidad que el proceso puede haber dejado en la sociedad, pero hacerlo con acciones y argumentos transparentes.
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