La normativa, depositada el 13 de este mes, recoge varias formas de violencia contra las féminas, entre las que se incluye la gineco-obstétrica, y plantea una pena de hasta 30 años de prisión a los médicos que causen la muerte de una mujer por negarles un aborto cuando su vida corra peligro en el proceso de gestación.
El artículo 97 de la pieza legislativa sostiene que «si como resultado de la negación de la realización del procedimiento de interrupción del embarazo, cuando peligra la vida de la mujer, se produce la muerte de ésta, el médico tratante será condenado por homicidio y sancionado con 20 a 30 años de prisión».
El proyecto argumenta que la violencia gineco-obstétrica constituye toda acción, omisión y patrón de conducta del personal de salud en los procesos reproductivos de la mujer.
Estos maltratos, puntualiza, pueden incluir la afectación de su autonomía para decidir libremente sobre su cuerpo e incluye abuso de técnicas.
La iniciativa hace referencia a otros tipos de violencia contra ese grupo de la población como la económica, sexual, emocional, patrimonial, simbólica, política, doméstica, educativa, institucional, comunitaria, mediática, feminicida, laboral y ciberviolencia.
El proyecto de la diputada Magda Rodríguez busca crear todo un marco de políticas públicas para combatir el maltrato contra ellas.
En ese sentido, Diario Libre publicó este domingo que para materializar las políticas, el Poder Ejecutivo garantizará la asignación de partidas financieras en el Presupuesto del Estado.
Los recursos para ampliar el referido presupuesto serán tomados de donaciones nacionales e internacionales, fondos de la cooperación externa y provenientes de fuentes lícitas.
La propuesta también busca la creación del Sistema Integral contra la violencia hacia las mujeres que servirá como mecanismo de articulación de las políticas desarrolladas por el Estado e instituciones autónomas.
El Consejo Consultivo del referido sistema estaría conformado por el Ministerio de la Mujer, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Interior y Policía, las carteras de Educación y de Trabajo, el Consejo Nacional de la Niñez, entre otras entidades públicas.
Se espera que en la próxima sesión de los legisladores, fijada para el martes próximo, la pieza sea remitida a un equipo de estudio para su análisis y elaboración de informe, señaló el rotativo.
oda/mpv
