Contrario a lo que afirma el Ejecutivo de que los fideicomisos por miles de millones de pesos eliminados no afectan sus ingresos, el Sindicato del Poder Judicial argumenta que sí los daña y, por tanto, tienen previsto bloquear este martes 14 puntos de la esta capital en apoyo a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña.
De esa manera, hay una escalada del enfrentamiento de ese poder con el Gobierno, el cual acusa a la alta jerarquía de tener ingresos superiores a los 35 mil dólares mensuales contra 900 los trabajadores que, según el Gobierno, están además garantizados.
Ante las protestas inducidas, la Secretaría de Gobierno hizo un llamado a los miembros de esa organización sindical a hacer un uso pacífico de su derecho a la manifestación y a no bloquear avenidas, como lo hicieron el día de ayer.
Aseguró que se adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas.
También dará estricto seguimiento al desarrollo de estas movilizaciones para propiciar, en coordinación con el Gobierno Federal, el uso del diálogo y facilitar que los planteamientos de ese gremio sean canalizados a las instancias correspondientes.
Los puntos donde realizarán los bloqueos son muy sensibles, como todos los accesos a la sede de la Cámara de Diputados, Instituto de la Judicatura Federal, Insurgentes Sur en varios puntos, colonia Jardines en la Montaña, Reclusorios Preventivos Norte y Sur, Almacén General, y otras más.
La Barra Mexicana de Abogados aseveró que es “inadmisible” e “intolerable” la eliminación de los 14 fideicomisos que opera el Poder Judicial de la Federación.
Asimismo, indicó que es inaceptable menoscabar y dañar los derechos adquiridos de los trabajadores del Poder Judicial Federal a través de la eliminación de los fideicomisos relacionados con obligaciones patronales y de seguridad social: pensión, vivienda, salud, entre otras.
El Gobierno rechazó tales argumentos y aseguró que se trata de privilegios para los magistrados y otros altos funcionarios para garantizar ingresos extra que no llegan a los trabajadores y usan hasta para cirugías estéticas correctivas, gastos suntuarios y viajes de placer con apariencia de trabajo, y para alojarse en hoteles lujosos o compras de autos blindados.
mgt/lma
