“No hay paso atrás. Seguimos exacta y linealmente con lo que hemos regulado” señaló el alto funcionario en declaraciones divulgadas por el sitio digital del canal televisivo Sky TG24, aunque anunció que “pospondremos la notificación a la Unión Europea (UE), como ya ocurrió en el pasado con otros medidas similares”.
“En esta batalla de la civilización, como en todos los compromisos asumidos por el gobierno, avanzamos», expresó Lollobrígida en un mensaje divulgado en las redes sociales”.
En ese texto enfatizó que la iniciativa legislativa para prohibir los alimentos sintéticos obedece a un reclamo de “millones de ciudadanos italianos que nos han pedido explícitamente que protejamos nuestra salud y nuestra economía”.
El martes último circuló en Italia y el mundo la falsa noticia de una retirada, por el gobierno de este país, de ese proyecto de ley, debido a la supuesta incompatibilidad del mismo con las normas de la UE dirigidas a prevenir la creación de barreras comerciales dentro del mercado comunitario.
De acuerdo con las regulaciones regionales, los estados miembros del bloque deben notificar a la Comisión Europea todos los proyectos legislativos relacionados con la comercialización y distribución de bienes de consumo, y si estos entran en conflicto con las normas de la Unión se rechazan automáticamente, señalaron diversas fuentes.
«Creemos que esta ley es importante y que Italia puede ser la primera nación libre de este riesgo, esperando que luego Europa nos siga”, quien enfatizó que “no hay ningún paso atrás en lo que respecta a la prohibición de la importación, comercialización y producción de cosas que no tienen nada que ver con una alimentación de calidad”.
A fines de marzo de este año se conoció la aprobación por el Consejo de ministros italiano de un proyecto de legislación para prohibir la producción y comercialización de alimentos sintéticos, con lo que este país se convirtió en el primero del mundo en tomar una medida de este tipo.
El proyecto de ley consta de seis artículos, y establece entre otros puntos que “en caso de infracción de las normas se prevén multas administrativas que van desde un mínimo de 10 mil hasta un máximo de 60 mil euros, o hasta el 10,0 por ciento de la facturación total anual”.
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