Por Osvaldo Cardosa
Corresponsal de Prensa Latina en Brasil
Para más leña al fuego, la Policía Federal (PF) comenzó el 20 de octubre una operación sobre el supuesto espionaje contra miles de personas, incluidos magistrados, políticos, opositores y comunicadores, que habría sucedido durante el Gobierno de Bolsonaro (2019-2022).
Teniendo en cuenta una orden del Supremo Tribunal Federal (STF), la denominada Operación Última Milla de la PF lanzó 25 órdenes de búsqueda y otras dos de prisión preventiva contra dos exagentes de la estatal Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) Rodrigo Colli y Eduardo Arthur Yzycky.
Otros cinco trabajadores de la ABIN, entre ellos, el tres en la jefatura (Paulo Maurício Fortunato Pinto), fueron separados; a este se le decomisaron 872 mil reales -unos 172 mil dólares- a la espera de saber al dedillo el verdadero origen del peculio.
La cruzada indaga el uso indebido, por funcionarios de la ABIN, del sistema de geolocalización de dispositivos móviles sin autorización judicial.
De acuerdo con la PF, además de las órdenes de búsqueda, captura y detención preventiva se están cumpliendo «diversas medidas cautelares de prisión» en los estados de Sao Paulo, Santa Catarina, Paraná, Goiás y el Distrito Federal (DF).
Según el diario O Globo, la operación averigua acerca del uso ilegal de un sistema de seguimiento de personas a través de sus teléfonos móviles durante los tres años del diputado Alexandre Ramagem, confeso adepto de Bolsonaro, al frente de la ABIN.
La PF informa que, si son condenados, los implicados responderán por los delitos de invasión de dispositivo informático ajeno, organización criminal e interceptación de comunicaciones telefónicas, de informática o telemática sin autorización judicial o con objetivos no autorizados en ley.
Por el momento, la fuerza del orden público aclaró que Bolsonaro no es blanco de escudriñamiento en el caso, pero medios instan a esperar a que termine de «halarse toda la soga».
El político ultraderechista perdió las elecciones de octubre pasado frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y, entre varios procesos, responde actualmente como sospechoso por alentar a partidarios, bajo gritos de intervención militar, a invadir y depredar el 8 de enero las sedes capitalinas del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto (sede del Poder Ejecutivo).
La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre estos episodios antidemocráticos aprobó el 18 de octubre la solicitud de enjuiciamiento de Bolsonaro y 60 más personas por la intentona golpista.
Con 20 votos a favor y 11 en contra, la CPI aprobó el informe final de la senadora Eliziane Gama y solo hubo una abstención.
El contenido demanda que Bolsonaro sea acusado de los delitos de asociación criminal, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, de deponer gobierno legítimamente constituido y el empleo de medidas para impedir el libre ejercicio de derechos políticos.
«La democracia fue atacada. Las masas fueron manipuladas con discursos de odio. Milicianos digitales fueron empleados para diseminar el miedo, descalificar adversarios y promover ataques al sistema electoral», denunció Gama durante la lectura del informe.
Aseguró que «se intentó corromper, obstruir y anular las elecciones. Y usan la libertad de expresión para ahogarla».
El escrito apunta que Bolsonaro resulta «el autor intelectual y moral» de los hechos perpetrados contra instituciones en esa fecha, marcada en negro en la historia nacional.
Refiere que el exmilitar «alimentó la violencia entre la población brasileña durante varios eventos en el período previo a las elecciones de 2022» y mancilló el proceso electivo.
Ahora el informe de la CPI se remitirá a los órganos responsables de la determinación de las responsabilidades.
Pese a que recientemente en el Tribunal Superior Electoral (TSE) se archivó el juicio de tres acciones contra Bolsonaro, el exuniformado sigue siendo objeto de otros 12 expedientes en curso en ese juzgado, además de haber sido condenado en un caso.
El frente legal del exmandatario en el TSE incluye 16 procesos en total.
Por cinco votos a dos, la corte condenó en junio a Bolsonaro por abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación.
Durante una reunión con embajadores en julio de 2022 en el Palacio de la Alvorada (residencia oficial de la Presidencia), mintió acerca del sistema electoral y atacó sin pruebas a las urnas electrónicas.
La inelegibilidad por ocho años de Bolsonaro (hasta el 2030), determinada en aquella ocasión por el TSE, robusteció la posibilidad de que sea igualmente condenado por otros delitos.
El exparacadista acumula investigaciones y procesos judiciales que van desde ofensas contra el sistema electivo y el funesto desempeño de su gobierno durante la pandemia de Covid-19 hasta los actos golpistas del 8 de enero.
Las críticas baldías a los receptáculos de votación que motivaron la condena a Bolsonaro en la cita con los diplomáticos resulta además la fundamentación de otra causa que investiga si el exgobernante puso en jaque el resultado de las pasadas elecciones, antes y después del sufragio.
Al uso de residencias oficiales con finalidad electiva, se añaden otras tres acciones que se tramitan en conjunto y analizan si el entonces presidente utilizó alguna durante la conmemoración oficial del Bicentenario de la Independencia en 2022, para promover su candidatura a la reelección. En la ocasión, habló en eventos en Brasilia y Río de Janeiro.
AQUELARRE DE LAS JOYAS
A estos procesos y otros se suma la alharaca de las joyas.
En octubre de 2021, al volver de un viaje de Arabia Saudita, la comitiva del exministro de Minas y Energía Bento Albuquerque, que representó a Bolsonaro en un evento, intentó entrar en el país con carísimas joyas. Un conjunto con collar de diamantes fue decomisado en el aeropuerto internacional de Guarulhos (Sao Paulo).
Asesores del otrora gobernante intentaron liberar las alhajas. Un segundo paquete con reloj y anillos, pasó irregularmente por la aduana en la mochila de un uniformado y fue incorporado al acervo personal de Bolsonaro.
Investigaciones señalaron que el entonces presidente se quedó con un tercer conjunto de prendas que incluía un reloj Rolex, el cual, posteriormente, habría sido vendido por su exayudante de órdenes, teniente coronel Mauro Cid, en Estados Unidos.
Después de que la historia salió a la luz en marzo, el Tribunal de Cuentas de la Unión decidió que Bolsonaro debía devolver los regalos, lo que llevó al abogado de su familia, Frederick Wassef, a recomprar el reloj para entregarlo al gobierno.
En medio del escándalo, Cid anunció un acuerdo de delación premiada con la PF, que implicaría directamente a Bolsonaro, quien, según cercanos, se siente traicionado por «un hijo que le decía tío».
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