El Tribunal considera que Penadés «es un imputado influyente políticamente que tiene vínculos con personas de todos los partidos políticos y que como él accede a funcionarios de altas esferas, pudiendo interceder de esta manera con el éxito de la investigación y la seguridad de las víctimas».
Añade que el exlegislador del oficialista Partido Nacional «tiene medios económicos y los contactos para obtener la información que se le antoje. Tiene fácil acceso a los registros estatales de información».
El TPA le negó la prisión domiciliaria tal y como pidió su defensa, y consideró que existe «peligro para la seguridad de las víctimas», según divulgó el diario Subrayado.
Tal peligro, añade, está en los aspectos físicos, psicológicos y emocionales de las víctimas.
Asimismo señaló riesgo de «entorpecimiento» de la pesquisa, por «la posibilidad real y objetiva que los imputados interfieran, dificulten, pongan trabas, imposibiliten o intenten imposibilitar el desarrollo de la investigación».
Así lo suscribe el documento, que incluye el caso del profesor de Historia Sebastián Mauvezín, imputado en el mismo proceso judicial.
Ambos, dice el TAP, «podrían intentar incidir sobre testigos y víctimas para que no declaren, declaren falsamente o actúen con deslealtad o reticencia».
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