También pidió a la Justicia Militar la detención preventiva de seis que son investigados como sospechosos de participar directamente en el robo de los aparatos bélicos.
Los militares fueron detenidos administrativamente por dejar de fiscalizar y conferir el armamento durante el período en que desapareció.
Aunque no tienen participación directa en el crimen, quedarán detenidos de uno a 20 días de cárcel.
Tras detectarse la sustracción de los artefactos de guerra, a unos 500 soldados de la base se les confiscaron los teléfonos celulares y se les prohibió salir del cuartel.
La pérdida de los pertrechos se constató el 10 de octubre durante una inspección, cuando se descubrió que faltaban 21 ametralladoras, 13 de ellas del calibre 50, así como ocho del 7,62 milímetro.
Hasta la fecha, las autoridades militares recuperaron 17 de las 21 ametralladoras desaparecidas.
Según el Instituto Sou da Paz (Soy de la Paz), este hurto es el mayor desvío de armas registrado en el Ejército brasileño desde 2009, cuando siete fusiles fueron robados en un batallón en Cazapava, en el interior de Sao Paulo.
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