Autoridades del Ministerio de Justicia iniciaron un proceso para satisfacer esas exigencias de los llamados “guardiacárceles”, y aunque admitieron la imposibilidad de solucionar todo en poco tiempo, aseguraron que las respuestas “están en camino”.
Los agentes y funcionarios de las prisiones reivindican necesidades históricas a las que nunca accedieron, como seguros médico y de vida, declaró el viceministro de Política Criminal, Rodrigo Nicora.
El funcionario destacó que esas exigencias empeoraron con la situación penitenciaria de estas últimas dos semanas tras la revuelta del clan criminal Rotela, que controla el narcotráfico dentro y fuera de Tacumbú, así como las manifestaciones de los agentes penitenciarios.
Nicora aludió, además, a la preocupación del personal de las prisiones por la posibilidad de abrir un eventual sumario, como una medida oficial de represalia contra las medidas de fuerza aplicadas por los guardias, como el incumplimiento de los turnos.
“Las soluciones van a venir más pronto que tarde, pero siempre llevan un proceso y en esa labor nos encontramos ahora día a día”, indicó Nicora, en una entrevista con Gen-Nación Media.
El viceministro señaló que la mayoría de los pedidos de los demandantes “están siendo atendidos, incluyendo el de las garantías para que ingresen a cumplir sus turnos con seguridad”, mientras para otras exigencias las autoridades “trabajan en la búsqueda de fondos para su cobertura e inclusión en el presupuesto”.
Las acciones de protestas de los guardias de los penales incluyeron la de un grupo de unos 50, que declararon el lunes una huelga de hambre por tiempo indefinido ante la falta oficial de respuestas a reivindicaciones como la aprobación de una Ley Orgánica Penitenciaria.
Los demandantes de varias cárceles del país, concentrados en una movilización pacífica frente al Ministerio de Justicia, afirmaron que extenderán el ayuno hasta obtener «una solución definitiva» a sus reclamos, añadió el periódico HOY.
Las solicitudes comprenden la confirmación de un seguro médico, la recontratación de unos 400 guardias y funcionarios despedidos bajo el pretexto de irregularidades en su trabajo, y la dotación de equipos de seguridad, anunció el secretario general de Agentes Penitenciarios, Enrique Ávalos.
Los custodios de las cárceles locales exigen, además, una política de desprecarización laboral que garantice la estabilidad en sus puestos de trabajo y la protección legal del personal contratado.
La movilización siguió a una crisis dos semanas atrás en las prisiones, a partir de actos violentos de los presos en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, la mayor del país, que fue tomada por internos liderados por el clan criminal Rotela, cuyos miembros controlan hace tiempo el penal.
Por su parte, el presidente de Paraguay, Santiago Peña reconoció que las autoridades no logran mantener el orden, sobre todo en la citada penitenciaría de Asunción, debido a la superpoblación de reclusos.
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