Ahora la tasa del IPI pasará del 29,25 al 55 por ciento y la medida determinará el aumento del gravamen que incide sobre la comercialización de revólveres, pistolas, escopetas, armas de fuego recargables, carabinas de caza o de tiro al blanco, spray de pimienta y cartuchos.
Pese a que el decreto fue publicado, la medida pasa a tener efecto solo en el primer trimestre de 2024.
La disposición modifica una tabla divulgada en julio de 2022 por el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).
Con la crecida de la tributación, el Ejecutivo espera recaudar 342 millones de reales (unos 68 millones de dólares) en 2024 con la venta de armas y municiones.
La expectativa del Gobierno federal es dificultar aún más el acceso de la población a las artilugios de fuego y municiones.
Anteriormente, Lula determinó una disminución en el número de aparatos bélicos que podrán ser adquiridas por civiles, incluyendo cazadores, tiradores y coleccionistas (CACs).
El acceso de la población a las armas de fuego era una bandera defendida por Bolsonaro.
La antigua administración editó más de 40 decretos para facilitar la adquisición de armamento por la población civil.
Según un informe del Instituto Sou da Paz (Soy de la Paz), el número de armas registradas a nombres de los CACs salió de 350 mil, en 2018, y llegó a un millón, en julio de 2022.
Lula rubricó el 21 de julio un decreto sobre el control responsable de los aparatos de fuego, con la finalidad de disminuir la violencia en Brasil.
Tal medida se anunció durante una ceremonia en el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo en esta capital, y formó parte del llamado Programa de Acción en Seguridad.
De acuerdo con el Gobierno, entre otras medidas, la disposición reduce la cantidad de armas y municiones a las que pueden acceder civiles para defensa personal y las que pueden ser adquiridas por los CACs.
Prohíbe a esos miembros transitar con artefactos bélicos y provisiones, restringe el funcionamiento de los clubes de tiro y retoma normas de distinción entre ingenios de uso de órganos de seguridad y ciudadanos comunes.
Asimismo, disminuye la validez de los registros de armas de fuego y prevé la migración de su control del Ejército a la Policía Federal.
En concreto, el decreto reduce la cantidad de instrumentos de guerra y municiones a las que pueden acceder civiles para la defensa personal.
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