Bustillo compareció ante el fiscal de Delitos Económicos Alejandro Machado y al concluir repartió un documento a la prensa que esperaba fuera de la sede del Ministerio Público.
El texto intenta bajar decibeles a las pruebas aportadas esta semana por la exvicecanciller Carolina Ache, que incriminan al exministro de Relaciones Exteriores, pero también a otros funcionarios del gobierno.
Entre ellos al subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, quien para la época advirtió en mensajes de WhatsApp con Ache sobre la peligrosidad del narcotraficante, prófugo de la justicia.
Bustillo en su carta manifiesta que tales intercambios resultan «comunicaciones privadas» y «no constituyen documentación oficial».
También alega que cuando instó a la exvicecanciller a «desaparecer» el celular (para obstaculizar una investigación administrativa) lo hizo utilizando una frase «figurada».
A primera vista los argumentos de Bustillo parecen un lavado de manos, aunque se quedan en la superficie del escándalo que hoy afecta a la administración del presidente Luis Lacalle Pou, quien regresa mañana al país procedente de Estados Unidos.
En partidos de la coalición y la oposición hay reclamos para la destitución del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, de su segundo, el viceministro Guillermo Maciel, y del asesor presidencial Roberto Lafluf.
También hay señalamientos sobre la presunta vinculación del jefe de Estado con la trama para esconder información sensible sobre el caso Marset.
Al final de su texto el excanciller Bustillo asegura que no tuvo participación en el asunto del pasaporte ni le faltó a la verdad en su comparecencia en el Parlamento, aunque, señalan algunos analistas aquí, razones tendría para renunciar a tan importante cargo.
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