El Parlamento costarricense divide el año legislativo en seis meses, divididos en periodos de tres cada uno para analizar iniciativas del Ejecutivo y otro para las sugerencias de los diputados.
En esta etapa, analizarán la Reforma del Código de normas y procedimientos tributaria, y Ley de recuperación de competencias y fortalecimiento de las jerarquías de los ministros.
También la ley de límite del gasto estatal en las campañas políticas de 2026 y de 2028, adición de un nuevo transitorio al código electoral, así como la Ley de Ciberseguridad de Costa Rica, así como la Ley orgánica del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del sector agropecuario, pesquero y rural, entre las más significativas.
En un primer momento, desde el 1 de noviembre al inicio de esta etapa, el Ejecutivo presentó cinco proyectos de ley centrados en la seguridad nacional.
Se trata de las iniciativas: Ley del Sistema Penitenciario Nacional; de Armas y Explosivos y sus Reformas; así como la destinada a la Modernización de la Intervención de las Comunicaciones.
A estas se suma la Ley para Adecuar la Respuesta de la Justicia Penal Juvenil a los Retos de la Criminalidad Violenta y la Delincuencia Organizada; y la Ley para Restaurar la Seguridad Pública y Contener a los Delincuentes que Representan un Peligro para la Sociedad.
A la Asamblea Legislativa llevarán además el proyecto de ley de peligro inminente, empréstito con el Banco Centroamericano de Integración Económica, que permitirá intervenir 502 proyectos de infraestructura que pone en riesgo la vida de las personas.
Entre estos destacan 88 puentes, 88 carreteras, 74 líneas ferroviarias, 47 centros educativos y dos proyectos de vivienda, así como 203 estructuras impactadas por desastres.
Durante este periodo, el Ejecutivo también convocará analizar el expediente para permitir la extradición de nacionales por tráfico internacional de drogas y terrorismo.
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