El editorial recuerda que el martes 31 de octubre, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, envió al presidente Andrés Manuel López Obrador un oficio en el cual señalaba su disposición a dialogar en torno a la propuesta de los 15 mil millones de pesos (857 millones de dólares) de los fideicomisos que el Congreso determinó extinguir.
Admitió, entonces, que se asignaran a un fondo de apoyo para los damnificados por el huracán Otis en Guerrero.
En ese documento, la titular del PJF calificó las sugerencias del Ejecutivo como una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado, en defensa de su población, y dijo quedar a la espera de la definición del canal institucional para dialogar los términos con la finalidad de concretar la propuesta.
Sin embargo, ese mismo día un solo magistrado, Juan Fernando Luévano, juez décimo segundo de distrito en Chihuahua, concedió una suspensión provisional contra la extinción de los fideicomisos.
En más de una semana, ni Piña Hernández ni ningún otro integrante de la Suprema Corte hicieron movimiento alguno para desautorizar la sentencia que contraviene la palabra empeñada por la ministra presidenta y que supone un desdén agraviante hacia los cientos de miles de afectados por el meteoro, recuerda el diario.
Envalentonado por la complicidad tácita del máximo tribunal, agrega, ayer Luévano Ovalle ratificó el golpe al pueblo guerrerense al otorgar una suspensión definitiva que ordena a la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Tesorería de la Federación abstenerse de aplicar dichos fondos.
Un día antes, Elizabeth Trejo Galán, titular del noveno juzgado de distrito en materia administrativa con sede en la Ciudad de México, emitió otra suspensión provisional en el mismo sentido.
Lo grotesco de estos fallos, dice La Jornada, es que las partes quejosas en los trámites son, respectivamente, María del Carmen Cordero Martínez, magistrada del primer tribunal colegiado en materias civil y de trabajo de Chihuahua, y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación.
Es decir, aclara, el Poder Judicial concede amparos promovidos por el Poder Judicial para mantener la cauda (capa magna) de insultantes privilegios de que dispone el Poder Judicial, y agrega que el principio de derecho advierte que un juez no puede conocer de un juicio en el que pueda tener interés personal.
La misiva de Norma Piña generó la expectativa de que el Poder Judicial finalmente pondría el bien supremo de la nación por encima de sus intereses mafiosos, pero su silencio y las resoluciones de Luévano y Trejo hacen inevitable pensar que ese acto fue una maniobra politiquera para disfrazar el monumental desprecio hacia los mexicanos de a pie, concluye el diario.
lam/lma
