Tras los debates en las comisiones especializadas primera y quinta del Legislativo, el informe conjunto de opinión sobre la propuesta quedó aprobado el martes con 27 votos a favor, ninguno en contra y ocho abstenciones.
La iniciativa, correspondiente al Ejecutivo, proponía inicialmente reducir el tipo de IVA de los productos alimenticios del 14 al siete por ciento, con la excepción de la provincia de Cabinda, que pasaría al uno por ciento debido al Régimen Especial vigente en esa región, por su discontinuidad geográfica.
Sin embargo, la ministra de Finanzas, Vera Daves, presentó una nueva propuesta de reducción del IVA hasta el cinco por ciento en los bienes de gran consumo, que de acuerdo con la titular es la más adecuada para la estabilidad social de las familias y la actividad de los agentes económicos.
Varios diputados de la oposición parlamentaria consideraron que el IVA de estos productos alimenticios debía eliminarse totalmente, además de cuestionar el por qué la reducción en unos productos y en otros no.
La propuesta incluye la carne y los despojos de vacuno, porcino, ovino y caprino, las aves de corral (excepto pavo y ganso), el pescado (excepto tiburón, salmón y bacalao), la leche, el yogur, la mantequilla y la margarina.
También los huevos, verduras, frutas, té, cereales, harina de maíz y trigo, aceite de cocina, azúcar, pasta, pan y otros productos de pastelería, agua y sal, entre otros.
La ministra de Finanzas explicó que un IVA del cero por ciento es inviable, pues a partir de análisis realizados de otras situaciones similares el resultado final fue el aumento del precio en lugar de una reducción.
Detalló que como las empresas pagan el IVA en la compra y fabricación de estos productos, en la compra de servicios y de equipos, pero luego cuando venden no pueden recuperar, entonces el efecto final es crear una distorsión en la cadena de precios y aumentarla.
Daves señaló que al hacer esta proposición el Ejecutivo tuvo en cuenta no solo la estabilidad de las familias, garantizando lo básico en las mesas, sino también la salud de las empresas, que son factores de recaudación de los ingresos del Estado.
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