La terna la envió la víspera el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de viajar a San Francisco, California, a una reunión del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico donde se encuentra.
El mandatario propuso a Bertha María Alcalde Luján, hija de la veterana política y fundadora del partido Morena, Berta Luján, y hermana de la actual secretaria de Gobernación, Luis María Alcalde Luján. Completan la terna Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González.
Fuentes del máximo tribunal, dominado por una mayoría de ministros de oposición, incluida su presidenta Norma Piña, confirmaron los nombres para que los senadores elijan a una de ellas.
Además de sus cargos políticos, Alcalde Luján es asesora jurídica de la Cofepris y ha sido representante legal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y delegada en Chihuahua.
Lenia Batres Guadarrama es consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, ha sido candidata de Morena a la alcaldía Benito Juárez, y diputada federal por el mismo partido.
Finalmente, Ríos González es titular de la misma consejería y fue también consejera jurídica del presidente López Obrador, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México.
En otro orden de cosas, el Senado aprobó la renuncia de Zaldívar como ministro de SCJN, a pesar de la resistencia de la oposición para que no abandonara el cargo y no pusiera en cuestión las divisiones internas en ese órgano de justicia.
El pleno del Senado aprobó con 63 votos a favor y 43 en contra la solicitud de Zaldívar, sin que los oponentes lograran su propósito de que el renunciante compareciera ante ellos para explicar las causas graves por las cuales dejó el cargo.
La tesis que se impuso fue la de que no se puede obligar a nadie a permanecer en un cargo público, aún en contra de su voluntad, como recalcó la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, mientras que panistas, priístas y perredistas llegaron hasta el insulto a Zaldívar, al que pidieron renunciar a su pensión.
Al presentar el dictamen, Sánchez Cordero resaltó que el Constituyente Federal no estableció un catálogo de causales graves para la procedencia de las renuncias de los ministros, por lo que las mismas quedan al arbitrio de la calificativa que para tal efecto realice tanto el ministro como el titular del Ejecutivo Federal.
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