La propuesta denominada «Obstrucción a la Paz», surge como respuesta a la necesidad de robustecer las herramientas legales destinadas a preservar los procesos relacionados con la política de paz y tiene como objetivos fundamentales prevenir, sancionar y erradicar cualquier acto que obstaculice la consolidación de la paz en Colombia.
«Esta iniciativa tipifica los crímenes contra la paz, que son aquellos que cometen quienes obstruyen, restringen, limitan de manera dolosa un proceso de paz en cualquiera de sus estadios, ya sea en la negociación o en la implementación de los acuerdos», explicó el congresista.
Además, añadió, busca que quienes cometen asesinatos de firmantes de paz, o quienes a través de mentiras o acciones delictivas intentan frustrar los procesos de paz tengan que afrontar su responsabilidad penal.
La propuesta de ley contempla circunstancias agravantes cuando esta conducta es llevada a cabo por un servidor público, especialmente aquellos que ejercen funciones de alto nivel en el Estado, pues las penas se ven incrementadas de manera sustancial.
Asimismo, pretende sancionar a quienes intenten desviar o sustraer fondos públicos destinados a la paz o promover actos de corrupción, añadió Cepeda.
Agregó que solicita reconocer los efectos de los conflictos armados en las mujeres, en especial, quienes sean excombatientes, constructoras de paz, defensoras de derechos humanos o lideresas sociales, estableciendo que la pena se agrava cuando se causa su muerte o son víctimas de lesiones personales.
Esta iniciativa tiene como antecedente el proyecto de ley 314 de 2022 Senado, presentado anteriormente por el senador Cepeda, que no fue discutido y quedó archivado. Integra nuevos elementos en su articulado e incorpora prohibiciones para los servidores públicos en materia disciplinaria.
Da cuenta de los desafíos que enfrenta el Acuerdo de Paz, desde interceptaciones ilegales al equipo negociador del Gobierno, pasando por los ataques a la Jurisdicción Especial para la Paz, el asesinato de defensores de derechos humanos, líderes sociales y firmantes de paz, masacres y desplazamientos forzados, afectaciones a niños y jóvenes víctimas del conflicto, hasta los rezagos en su implementación.
Finalmente, el proyecto busca reconocer el valor que la consecución de la paz tiene, para garantizar y hacer efectivos los derechos y libertades públicas de las y los colombianos.
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