La entidad, fundada hace 82 años para ofrecer salud pública y pensiones, presentó una estrategia destinada a agilizar el tiempo de espera para acudir a cualquier servicio, la cual busca que, para finales del 2025 ningún paciente, de ninguna patología, espere más de un año para una atención.
Contiene como solución contratar servicios, los mecanismos adicionales como el sistema de copago en que el usuario asume una parte del costo de los servicios de salud que se contrate a un centro privado, con el cual no han decidido si la institución pagará el 50 o el 60 por ciento.
Soluciones que cuestionan e inquieta a la población y sindicatos, pues consideran que esa contratación de servicios es una forma solapada de privatización.
En un foro en la sede de la Asamblea Legislativa, la representante del movimiento de médicos y médicas Unidos por la Caja Costarricense de Seguro Social, Natalia Solís, dijo que la propuesta de copago contradice el modelo solidario y que la tercerización violenta el mandato constitucional de la institución.
Al explicar el espíritu solidario y autónomo con el que fue creada la institución encargada de la salud de todos los costarricenses, señaló que poco a poco los gobiernos han debilitado a la entidad, que ahora enfrenta una de sus peores crisis.
La especialista en Medicina Interna e Infectología y fundadora de la organización, afirmó que la dedicación de recursos públicos a terceros ha debilitado a la institución y aseguró que el modelo de copago violenta la naturaleza de la Caja, pues diferencia el trato entre quienes pueden pagar y los que no.
En un artículo publicado en Semanario Universidad sobre el foro, el miembro de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) Deivis Ovares, señaló que aunque los ataques a la institución no son nuevos y no empezaron en este gobierno, sí hay en la actualidad intenciones expresas de “destruirla”.
Nuestra Constitución Política no es letra muerta, no está pintada, no es por si le parece, le gusta y está a su medida o sus intereses, no, la Constitución Política es nuestra carta fundamental y tenemos que hacer respetarla, subrayó Ovares.
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