Un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores advirtió que esas normas pretenden detener el flujo de personas mediante su criminalización, lo que resultará en la separación de familias, discriminación y perfilamiento raciales.
Agregó que México está en su deber legítimo de proteger las garantías de sus nacionales en Estados Unidos y, en ese sentido, rechaza tajantemente cualquier medida que permita a autoridades estatales o locales detener y retornar a personas nacionales o extranjeras al país.
También subrayó su preocupación ante el paquete de medidas legislativas que afectará los derechos humanos de los más de 10 millones de mexicanos que residen en el estado de Texas, al propiciar ambientes hostiles que pueden derivar en actos o crímenes de odio contra los migrantes.
Enfatizó su repudio a cualquier medida que contemple el retorno involuntario de extranjeros sin respeto al debido proceso.
El texto añadió que al tener conocimiento de la presentación de estas legislaciones que atentan contra los derechos de la población mexicana, la Cancillería instruyó a las 11 representaciones consulares en Texas a tomar medidas para reforzar las acciones de asistencia y protección consular de la población.
La declaración mexicana surge cuando se conoce de la construcción de un muro de contenedores en Eagle Pass, el cual se multiplica día a día, para detener y deportar de inmediato a los migrantes, según la gobernación de Texas.
La barrera de contenedores, a la que se agregó un alambre de púas, pasó de 3 a 6 millas, dijo el alguacil de la localidad de Maverick, quien pidió cero tolerancias a los extranjeros.
No obstante, ese valladar antihumano, siguen cruzando los migrantes y tenemos información de que vienen bastantes más, como cinco mil, de Piedras Negras y eso nos preocupa mucho, ya que estamos deteniendo a mil al día, admitió Schmerber.
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