También la presencia de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ocupó un espacio importante, al defender allí la constitucionalidad de la República Bolivariana ante solicitud de Guyana a la Corte de adoptar medidas provisionales contra la consulta popular del 3 de diciembre.
En los descargos presentados el pasado el 14 de noviembre en el tribunal de la ONU, el representante guyanés, Carl Greenidge, planteó que las interrogantes están “lejos de ser neutrales” y vio en el referendo una amenaza para la integridad de su territorio.
Señaló que la convocatoria al referendo viola el derecho internacional y podría traer consecuencias irreversibles para la solución de la controversia territorial, y demandó, además, que Venezuela se abstenga de realizar cualquier acción que pueda agravar o ampliar la controversia ante la CIJ o dificultar su resolución.
Al presentar sus alegatos al día siguiente, Rodríguez defendió la institucionalidad de su país y aseguró los venezolanos “tenemos derecho a consultarnos y a escucharnos, y nadie puede negar o fraccionar este derecho”.
Enfatizó que en la República Bolivariana no “hay nada por encima de la Constitución” y afirmó que el referendo es un todo “único e indivisible” y representa las diversas visiones y aspiraciones de la sociedad venezolana.
La también ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior manifestó que su país tiene un sólido sistema institucional que “vela por la constitucionalidad y legalidad de la actuación de los poderes públicos”.
Venezuela basada en la Carta de las Naciones Unidas y del estatuto de esa Corte, “reafirma su categórico rechazo a la acción temeraria de Guyana, que busca inmiscuirse en sus asuntos internos”, remarcó.
A fin de blindar la institucionalidad democrática y la soberanía, el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), Jorge Rodríguez, junto a un grupo de diputados, acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a presentar una acción de amparo constitucional al referendo consultivo.
El máximo órgano judicial venezolano declaró con competencia la solicitud e invalidó cualquier decisión o actos materiales de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, organismos internacionales y Estados que “desconozcan, impidan o pretendan obstaculizar” el derecho de la República.
Rodríguez explicó que la acción de acudir al TSJ está dirigida a preservar el derecho de los venezolanos a elegir y proteger con su voto los derechos inalienables sobre la Guayana Esequiba.
En una sentencia divulgada el Tribunal subrayó que cualquier acción que vaya en contra de la soberanía, independencia e integridad territorial “no tendrán ninguna validez ni eficacia jurídica”.
Deberán también ser desconocidas por “todos los órganos que ejercen el poder público, así como por toda persona natural o jurídica.
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