En una decisión desesperada, según críticos de la Corte, los ministros pusieron a Laynez -acérrimo enemigo del gobierno- al frente de los débiles reclamos de inconstitucionalidad de la eliminación de 13 fideicomisos aprobada por el Congreso y ratificada por el Ejecutivo.
Con ello, por extensión, el máximo tribunal deja bien en claro también su rechazo y oposición a la decisión de dedicar ese dinero (15 mil millones de pesos en la moneda nacional) a la recuperación de Acapulco, devastado por el ciclón Otis.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal había presentado impedimentos contra el ministro Laynez para conocer de la acción de inconstitucionalidad que presentó una minoría de integrantes del Senado.
Pero la Corte determinó que no está impedido para ser instructor en el litigio sobre la extinción de esos fideicomisos privativos del Poder Judicial.
Para eliminarlos y cerrar esa vía de enriquecerse legalmente con dinero ajeno, la reforma aprobó un añadido a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el que se establece que no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al de mejoramiento de la administración de justicia.
Laynez rechazó de plano la reforma y rebatió los argumentos de que él no podía estar al frente porque los impedimentos que se le atribuyen están fuera de orden y esa figura no está prevista en la Ley Reglamentaria, a diferencia de otros procesos que sí lo están.
Sus colegas estuvieron de acuerdo y por unanimidad, los ministros integrantes de la Corte votaron por mantenerlo como mascarón de proa en esta batalla que puede ser larga pero casi imposible de ganar por los ministros debido a las derivaciones y obstáculos que tiene el proceso, alertaron algunos juristas.
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