Elaborada por siete partidos políticos y movimientos sociales, la acción solicita que la corte superior reconozca que hay un «estado de cosas inconstitucional», es decir, existe violación sistemática y masiva de derechos humanos.
Refiere que Brasil, a causa del racismo, «sustenta una política de muerte financiada y aplicada por el Poder Público a la población negra».
La primera sesión con el tema en agenda se destinará a la presentación de los argumentos de abogados de los autores del proceso. El ponente es el ministro Luiz Fux.
El grupo enumeró violaciones contra los derechos a la vida, la salud y la alimentación digna.
Argumentó que ese escenario se da por la alta letalidad de personas negras, la violencia del Estado contra esa población y el desmonte de políticas públicas.
Para remediar los problemas, la acción pide que el STF determine al Gobierno federal la elaboración de un llamado Plan Nacional de Enfrentamiento al Racismo Institucional y a la Política de Muerte a la Población Negra, con la participación de organizaciones de la sociedad civil y del movimiento negro.
El caso será sometido al nuevo formato de juicio adoptado por la gestión del ministro Roberto Barroso en la presidencia del Supremo.
Durante la sesión se leerá el resumen del asunto y las manifestaciones de las partes y entidades admitidas en la acción.
Los votos de los ministros quedarán para un momento posterior, aún sin fecha definida.
Según los denunciantes, existen «graves lesiones» a principios fundamentales de la Constitución, por acciones y omisiones reiteradas del Estado brasileño.
En especial, destacan el «exacerbado y creciente» aumento de la letalidad policial de personas negras, el desmonte de políticas públicas volcadas a la atención de la salud de la población negra y a políticas de redistribución de ingresos.
La acción alude a datos del Instituto de Investigación Económica Aplicada, los cuales muestran que la población negra en 2019 representó el 77 por ciento de las víctimas de asesinatos (tasa de 29,2 homicidios por 100 mil habitantes).
Tal índice para personas no negras fue de 11,2 por cada 100 mil, «lo que significa que la probabilidad de que un negro sea asesinado es 2,6 veces superior a la de una persona no negra».
Otras estadísticas, citadas en el proceso, sostienen la afirmación de que hay impactos desproporcionados de la desigualdad racial en la política de seguridad pública y en la justicia penal.
El anuario de 2021 del Foro Brasileño de Seguridad Pública revela que el 78,9 por ciento de los muertos en acciones policiales eran personas de origen africano.
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