Este nuevo Programa de Reincorporación Integral (PRI) es considerado la hoja de ruta para fortalecer e impulsar los procesos de atención a la población excombatiente en materia económica, social y comunitaria.
El PRI forma parte de las iniciativas plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 para potenciar el acceso y el goce efectivo de los derechos de los reincorporados a la oferta pública.
De acuerdo con directora de la Agencia Nacional para la Reincorporación y la Normalización, Alejandra Miller, el PRI es una deuda que tenía la reincorporación con los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016.
«Siete años después de la firma, ya podemos decir que hemos terminado esa construcción colectiva después de siete encuentros territoriales y un encuentro de socialización nacional», dijo Miller.
Explicó que “cualquier gobierno que llegue tendrá que sujetarse a estas acciones y a estas actividades diseñadas en el Programa de Reincorporación Integral”.
«Es un mandato para el Estado cumplir lo pactado. Ya tenemos un programa que aborda las cuatro dimensiones de la reincorporación: política, económica, social y comunitaria», enfatizó.
Por su parte, la directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, destacó que el PRI es un documento técnico que tiene su raíz en los territorios.
«El PRI nos está mostrando la gran responsabilidad de una política para que todas las entidades del Estado podamos tener una reincorporación integral. Nos da lineamientos claros a los Ministerios de Vivienda, Cultura, Educación y Salud, es decir, a toda la institucionalidad», explicó.
Cifras de la Agencia Nacional para la Reincorporación y la Normalización, con corte al 30 de octubre, indican que el Gobierno aprobó cinco mil 691 proyectos productivos en beneficio de 10 mil 722 excombatientes.
De los 12 mil 113 firmantes que siguen en proceso de reincorporación, nueve mil 934 residen por fuera de los antiguos espacios territoriales y mil 958 habitan en estas zonas creadas durante el proceso de paz.
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