Estos últimos presentaron también a los propios interesados en recuperar el dinero, un recurso de inconstitucionalidad del decreto aprobado por mayoría en ambas cámaras del congreso, ratificado por el Presidente de la República y publicado en el Diario Oficial.
El Poder Ejecutivo planteó que los 15 mil millones de pesos -que es el monto total afectado en moneda nacional. serían destinados íntegramente a la recuperación de Acapulco por los daños del ciclón Otis, pero luego de aprobar esa decisión, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia Nacional, Norma Piña, reculó y exige ahora la devolución de esos fondos.
La batalla judicial al respecto será larga y se extenderá hasta bien entrado 2024, pero según los entendidos en la materia les será muy difícil lograr el triunfo.
No solamente por la debilidad de sus argumentos de riposta frente a los del gobierno que ha demostrado con cifras, estadísticas y facturas, que los fondos han sido usados para beneficiar a manos llenas a la élite del Poder Judicial.
En el documento presentado por los partidos de oposición se señala que, de no concederse la medida se afectarían los derechos fundamentales y los principios democráticos, ocasionando con ello daños irreversibles para las personas que laboran en el sector, a pesar de que Hacienda lo ha desmentido con mucha fuerza con los datos aportados de su uso.
La entidad que domina las finanzas ha asegurado que la retirada de los fideicomisos no altera en lo absoluto el presupuesto general del Poder Judicial para sus operaciones, ni afecta para nada los gastos para todas las actividades tribunalicias incluidas las de las autoridades judiciales y electorales, ni los ingresos salariales y prestaciones de trabajadores.
La impugnación de los partidos es superficial y apenas de forma, pues se basan en que en el proceso legislativo que se siguió para aprobar el decreto impugnado se cometieron violaciones, dado que se aprobó en el Pleno del Senado un acuerdo por el que se modificó la integración de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, sin que existiera el quórum requerido afectando el derecho a la representación y participación.
Por supuesto que no admiten, señala a su vez la bancada oficialista, que se trató de un intento fallido de boicotear la votación porque en su condición de minoría no lograron su propósito de paralizar la votación mediante la ausencia a las sesiones de sus legisladores.
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