La propuesta ya pasó el análisis en los dos recintos legislativos, de diputados y senadores, pero hay diferencias entre lo aprobado en cada uno de ellos y se deben resolver a partir de este lunes y antes de la medianoche del martes, cuando vence el plazo legal.
De acuerdo con la Constitución vigente, la ley debe ser despachada al Poder Ejecutivo a más tardar el 28 de noviembre para ser promulgada antes del 1 de diciembre.
Para eso deben conciliarse temas en algunas partidas en salud y educación, que fueron rechazadas por los diputados y aprobadas por los senadores.
Se trata, por ejemplo, de mantener el contrato al personal incorporado durante la pandemia de Covid-19, con el objetivo de fortalecer los servicios sanitarios y recortar el tiempo de espera en consultas y procedimientos quirúrgicos.
Además, los senadores suspendieron el gasto para el traspaso de establecimientos docentes a los Servicios Locales de Educación Pública hasta hacer una nueva evaluación de la normativa, que provoca rechazo entre los profesores.
Otro tema pendiente es el recorte del financiamiento a varias instituciones, donde se conserva la memoria de las atrocidades cometidas tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y la subsiguiente dictadura de Augusto Pinochet.
Uno de los lugares afectados por esta medida es el Parque Estadio Nacional, convertido en el más grande campamento de prisioneros, torturas y ejecuciones por el régimen militar (1973-1990).
La experta en derechos humanos Marta Cisterna Flores aseguró que el negacionismo de derecha está ganando terreno por la vía financiera para la eliminación gradual de los museos, donde se conservan registros de lo ocurrido tras la asonada.
Si en la primera sesión de este lunes no se resuelven estas y otras contradicciones, será necesario nombrar una comisión mixta de diputados y senadores para lograr consenso, que comenzará a trabajar hoy mismo y debe llegar a un resultado el martes.
En caso de vencer el plazo constitucional sin ninguna respuesta, entrará en vigor el proyecto original presentado por el Ejecutivo, sin ninguna de las modificaciones hechas en el Congreso.
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