La denuncia les atribuye también otros muertos y heridos en las manifestaciones desatadas por el ascenso de Boluarte al cargo, el 7 de diciembre de 2022, y que se extendieron hasta marzo de 2023.
Santisteban fue ultimado por un policía que le disparó a corta distancia una bomba lacrimógena que le impactó en la cabeza y le causó la muerte, cuando participaba en una de las protestas, en el centro de Lima, sin que el Gobierno ni la Policía lo hayan reconocido.
Benavides anunció la decisión tras negarse a renunciar ante pedidos de su retiro por el escándalo político desatado por la detención de tres de sus antecesores que, invocando su nombre, concertaban con bancadas parlamentarias decisiones de beneficio mutuo mediante un intercambio de favores.
La denuncia incluye a los exministros del Interior de Boluarte, César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero, que ejercieron el cargo durante la represión de las manifestaciones.
La titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, descartó renunciar a su cargo y anunció una denuncia constitucional en contra de Dina Boluarte y Alberto Otárola por el delito de homicidio calificado con relación a las muertes ocurridas durante las protestas, a fines del año pasado e inicios de 2023.
Durante las manifestaciones murieron 50 civiles inermes, ultimados por armas de fuego, en las regiones de Puno, Apurimac, Ayacucho, Arequipa, Cusco y La Libertad.
“No se debe permitir la muerte de ningún peruano ni peruana, ni tampoco el abuso del poder. No se puede permitir que se trate de dañar la imagen de fiscales honestos», dijo en un mensaje por video, mezclando los dos temas.
Además, seis soldados murieron ahogados cuando trataban de cruzar un río en Puno, en circunstancias que son materia de controversia, y un policía fue linchado en la misma región, en condiciones que también son materia de versiones contradictorias.
Un diario local apuntó en su versión electrónica que Benavides anunció la denuncia a los gobernantes, en vez de esclarecer su situación ante las investigaciones del equipo especial anticorrupción de la Fiscalía, que la señalan como cabeza de una organización criminal vinculada a bancadas parlamentarias, dedicadas al tráfico de influencias con fines políticos.
npg/mrs
