Una información de la FGR divulgada este lunes indicó que no devolverá la residencia confiscada a Lozoya pues sobre el inmueble pesa un aseguramiento por otro caso penal pendiente, además de que impugnará la decisión de una jueza que favoreció al exfuncionario.
Se trata, explicó, de un inmueble localizado en el residencial La Retama, en la calle Ladera de la exclusiva colonia Lomas de Bezares, en la Ciudad de México, que según las investigaciones de la FGR fue comprada por Lozoya por 3,4 millones de dólares.
Ese dinero lo habría recibido como soborno por parte de Alonso Ancira, exdirector de Altos Hornos de México, a cambio de autorizar que la paraestatal adquiriera en 200 millones de dólares una planta chatarra de Agronitrogenados, operación que resultó fraudulenta.
El jueves pasado Ana Lilia Osorno Arroyo, titular del juzgado segundo de distrito en materia de extinción de dominio, decidió cerrar el caso por una supuesta retroactividad en la aplicación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio en contra de Lozoya.
Según la togada, la compra del inmueble se concretó en 2012, pero la legislación se promulgó en 2019, lo que a su consideración constituye una aplicación retroactiva de la ley.
Pero la FGR demostró que en sus artículos 12º y 6º transitorio la ley establece que ningún acto jurídico sobre bienes afectos a extinción de dominio puede ser legitimado, y que son legales y válidos los procedimientos de extinción que se hayan iniciado a partir de la entrada en vigor de la misma, con independencia de que el hecho ilícito haya sucedido con anterioridad. La fiscalía agregó que el texto completo de dicha normatividad ya fue examinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en junio de 2021, y avalada en todos sus artículos vigentes, en el que se incluyen los mencionados.
El recurso de apelación correspondiente se está presenta dentro del plazo legal y se informará en su momento sobre los alegatos que la FGR expondrá al respecto, señaló la fiscalía.
Además, la residencia no puede ser devuelta debido a que pesa sobre ella otro aseguramiento por una causa penal diferente por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que involucran también a Lozoya.
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