Esa propuesta, en la cual insisten el presidente Andrés Manuel López Obrador y la precandidata a sustituirlo Claudia Sheinbaum, requeriría una reforma constitucional y, por tanto, una mayoría calificada en el Congreso.
Los tres magistrados participan en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en el seminario “El derecho a la información, la importancia de la transparencia en el ejercicio de gobierno”.
En ese marco, la ministra Ortiz aseguró que ha reflexionado sobre este tema y concluyó que no es un sistema “adecuado” para la SCJN.
Argumentó que los abogados que necesita la Corte deben tener un perfil específico y ese no se puede alcanzar en las urnas, siendo electos, aseveró la ministra a pesar de haber sido propuesta por López Obrador.
Por su parte, su colega Ríos-Farjat sostuvo que este modelo no es una solución a ninguna problemática en la sociedad mexicana.
El Poder Judicial, dijo, tiene una confirmación y debe ser integrado de manera distinta: a través de los representantes populares, con garantías, colaboración de poderes y demás.
Cuando lleguen los jueces electos popularmente, ¿van a necesitar mantener ese apoyo popular o van a ser removidos? Si van a necesitar mantener ese apoyo popular, ¿eso va a condicionar sus decisiones?”.
Finalmente, el ministro Pérez hizo énfasis en la seguridad jurídica como una problemática para la elección de juzgadores a través del voto popular y coincidió en lo “no viable” de la propuesta.
Que si la Corte resuelve de cara al pueblo, claro que lo hace, la interpretación que haga de la norma siempre tiene que coincidir con el bien común, el tema político hace un agregado que riñe con un tema de seguridad jurídica:
Es precisamente lo que la voluntad del colectivo quiere escuchar del juez al que colocó ahí a través de un sufragio y si no lo hace, ¿se tiene que ir? Pues todo dependerá del talante que tenga la sociedad en ese momento, será popular porque hizo lo que pensaba la mayoría que quería que hiciera.
Ninguno de los tres se refirió a la causa por la cual el mandatario y la precandidata proponen la elección popular, y es la corrupción tan profunda en el Poder Judicial y el sometimiento de numerosos jueces a fuerzas sociales de dudosa conducta legal.
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